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El gobernador del Tolima Ricardo Orozco tendrá que enfrentar tres procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones

En Rueda de prensa el Contralor explicó que son contratos por presunta corrupción en el marco de la pandemia

Por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema Covid-19, la Contraloría General de la República abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $2.121 millones, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, apertura un primer proceso por $1.151 millones contra el Gobernador por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento. Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros)

El segundo contrato cuestionado es el N°0531 del 1 de abril de 2020 en este monto en la ejecución por $5.000 millones, celebrado entre la gobernación del Tolima y la empresa ENRED GROUP S.A.S. y cuyo objeto fue la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio. El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza). Se habría dado un presunto mayor valor pagado de $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato.

 

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