En el más reciente anuncio sobre las múltiples procesos de responsabilidad fiscal aperturados por la contraloría General República en Colombia; el jefe de este órgano de vigilancia de recursos públicos Felipe Córdoba, anunció que se tiene en la mira el contrato 0236 suscrito por $5.575 millones por parte de la alcaldía de Ibagué para la contratación de los mercados entregados a familias en condición de vulnerabilidad.
Córdoba, hizo claridad sobre las competencias de las contralorías territoriales y dijo que en este caso puntal, se investiga de manera independiente y sin tener en cuenta el fallo de la contraloría de Ibagué que a comienzos de esta semana señaló “que los contratos firmados por el Gobierno Municipal se encuentran dentro del escenario legal y cumpliendo con los ordenamientos jurídicos”, dejando en limpio al alcalde Andrés Hurtado sobre los contratos firmados en el marco de la pandemia.
De acuerdo a lo denunciado por algunos concejales que habrían entregados las pruebas al contralor general, el sobrecosto inicial de $681 millones. Además, 232 beneficiarios habrían manifestado que nunca recibieron su respectivo auxilio, como lo indicó la empresa 427, encargada de repartirlos. En total, el detrimento patrimonial se elevaría los $706 millones y será lo que determine la investigación de la Contraloría General de la Republica.
