En un fallo reciente, el Consejo de Estado confirmó que la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) no ha incurrido en omisiones ni vulneraciones de derechos en relación con la operación del relleno sanitario La Miel, en Ibagué. Sin embargo, el alto tribunal dejó en claro que la responsabilidad recae principalmente sobre el Municipio de Ibagué y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. en lo que respecta a la gestión y disposición final de los residuos sólidos.
El Consejo de Estado enfatizó que, según la normativa vigente, son los entes territoriales quienes tienen la obligación de garantizar que el servicio de aseo no represente un peligro para la salud humana ni cause daños al agua, aire y suelo. En este contexto, la Alcaldía de Ibagué, como autoridad municipal, tiene la responsabilidad de gestionar adecuadamente los sitios de disposición final de residuos, lo que incluye la supervisión de la empresa Interaseo, encargada de la prestación del servicio de aseo en la ciudad.
El fallo también reiteró que, aunque Cortolima tiene la competencia de otorgar o negar licencias ambientales para la construcción y operación de rellenos sanitarios, no es responsable de definir las ubicaciones de los sitios de disposición final. Esa tarea, según la ley, es exclusiva de la administración municipal, que debe garantizar que tales áreas cumplan con las normativas ambientales y urbanísticas.
De acuerdo con la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, la responsabilidad de la ubicación del relleno sanitario La Miel y la gestión del mismo recae directamente sobre la Alcaldía de Ibagué, que, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014, definió este sitio como la “única alternativa” viable para la disposición de residuos en la ciudad. La empresa Interaseo también está implicada, ya que, como prestadora del servicio de aseo, tiene que garantizar que el proceso se realice de manera segura y conforme a la ley.
El Consejo de Estado, por tanto, ratificó la importancia de que tanto la Alcaldía de Ibagué como Interaseo asuman la plena responsabilidad sobre las acciones y omisiones relacionadas con el manejo de residuos, y que implementen los controles y medidas necesarias para evitar cualquier impacto ambiental o riesgo para la salud de los ibaguereños.
