El anuncio de un posible cobro por el uso de parqueaderos en el Parque Deportivo de Ibagué y en las instalaciones deportivas de la calle 42 desató una fuerte reacción de padres de familia, entrenadores y deportistas, quienes se manifestaron el martes en la noche con un plantón en las afueras de dichos escenarios. La protesta obligó a la alcaldesa Johana Ximena Aranda a acudir al lugar y dar explicaciones públicas sobre lo que hasta entonces había sido un proceso silencioso y poco transparente.
Durante su intervención, la mandataria afirmó que aún no se están cobrando tarifas y que no se ha expedido ninguna resolución al respecto, insistiendo en que no se tomará ninguna decisión sin concertación con la comunidad. Sin embargo, en contraste con su discurso, ya existe un contrato firmado con el consorcio Unión Temporal Parking A&S, que contempla la concesión por 11 años de los parqueaderos públicos de estos escenarios, por un monto de mil millones de pesos, más un componente fijo del 20% sobre la liquidez mensual que genere la operación.
Un proceso poco visible y con señales de opacidad
Aunque Aranda insiste en que no hay resolución en firme, lo cierto es que el contrato fue adjudicado y está vigente, lo que ha encendido las alarmas entre ciudadanos y actores del deporte local. ¿Cómo es posible hablar de diálogo cuando los compromisos contractuales ya están asumidos?
La falta de socialización previa y de un estudio público sobre las condiciones de uso, tarifas estimadas y población afectada alimenta las críticas. Según expertos en contratación pública, firmar una concesión antes de definir las tarifas puede interpretarse como una forma de presionar a la ciudadanía para aceptar condiciones ya pactadas de facto. Es decir, lo que aún no está escrito en papel ya está definido en la práctica.
¿Quién gana y quién pierde?
Desde una perspectiva analítica, el contrato favorece ampliamente al operador privado: por 11 años administrará los espacios con una inversión estimada como techo máximo de $1.000 millones, sin que haya claridad sobre cuántos recursos deberá invertir realmente. A cambio, obtendrá el control total de los ingresos por parqueo en zonas de alta demanda y flujo constante, como lo son estos escenarios deportivos.
Para la ciudadanía, en especial para familias que acuden con sus hijos a entrenar diariamente, el eventual cobro representa una carga adicional, especialmente en una ciudad donde el acceso al deporte es uno de los pocos espacios de movilidad social para sectores populares. Padres de familia, entrenadores y clubes deportivos denuncian que esta medida, lejos de mejorar la infraestructura, impone barreras al derecho al deporte y la recreación.
Además, la duración del contrato —11 años— resulta excesiva si se considera que las condiciones económicas, sociales y urbanas de la ciudad pueden cambiar drásticamente en ese tiempo. ¿Qué mecanismo de control tendrá el municipio sobre la calidad del servicio y la razonabilidad de las tarifas en un contrato de tan largo plazo?
El discurso de la alcaldía: conciliador, pero contradictorio
En su intervención nocturna, la alcaldesa apeló al tono emotivo y conciliador: “Hoy doy mi palabra como mandataria que hasta no llegar a un consenso no estaremos sacando la resolución que establecerá las tarifas”, dijo. También anunció una mesa de concertación para el sábado a las 9:00 a.m. en el Coliseo Mayor, en la que espera la participación de padres, entrenadores y jóvenes deportistas.
Sin embargo, hay una clara contradicción entre el discurso político de “concertación” y la realidad jurídica del contrato ya firmado. La ciudadanía se pregunta: ¿para qué una mesa de diálogo si el contrato ya existe y vincula legalmente a la ciudad por más de una década?
El trasfondo: privatización progresiva del espacio público
Este caso se enmarca en una tendencia más amplia que se viene consolidando en muchas ciudades intermedias del país: la privatización progresiva de espacios públicos a través de concesiones administrativas, muchas veces con poca o nula participación ciudadana.
El argumento habitual es la necesidad de recursos para mantener y mejorar la infraestructura. Pero esto plantea un dilema ético y social: ¿debe financiarse el espacio público con el bolsillo de los ciudadanos que más lo necesitan?
En contextos donde el deporte cumple un rol social, terapéutico y educativo, como ocurre en Ibagué, imponer barreras económicas para acceder a los entornos que lo facilitan resulta profundamente problemático.
¿Qué sigue?
La presión ciudadana logró, al menos, frenar temporalmente la entrada en vigor de tarifas. Sin embargo, la existencia del contrato y la falta de claridad en el modelo de concesión hacen pensar que este será un tema que volverá con fuerza. La mesa del sábado podría marcar un punto de inflexión: o bien se revierte una decisión ya tomada de espaldas a la comunidad, o se formaliza un cobro con pequeños ajustes cosméticos, bajo el argumento de haber “concertado”.
Lo que está en juego no es solo un parqueadero. Es el modelo de gestión de lo público y el derecho de las familias ibaguereñas a acceder a espacios deportivos sin ser convertidos en clientes de servicios concesionados.
