La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde del municipio de El Guamo, Tolima, Álvaro Augusto Prada Rueda, por presuntas irregularidades en la autorización de las corralejas realizadas del 20 al 30 de junio del presente año, a pesar de advertencias expresas de entidades ambientales, organismos de control y de seguridad.
Según el ente de control, el mandatario local habría incurrido en una grave omisión de sus funciones al permitir la realización del espectáculo taurino sin verificar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos, ambientales y de gestión del riesgo establecidos por la normativa vigente. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral determinó que, pese a contar con advertencias técnicas de distintas entidades, el alcalde autorizó el evento en un predio urbano que no contaba con licencia urbanística ni plan de gestión del riesgo.
El caso ha generado gran controversia a nivel nacional. La senadora Andrea Padilla, del Partido Alianza Verde, fue una de las voces más críticas. A través de su cuenta de X (antes Twitter), denunció públicamente que el alcalde estaba desobedeciendo la orden de suspensión emitida por la Procuraduría. “Gravísimo. ¿Será que el alcalde va a desobedecer la orden de suspender las corralejas?“, expresó la congresista, quien además pidió a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, intervenir para detener el evento.
Las alertas también se encendieron luego de que Cortolima decomisara madera de procedencia no identificada utilizada para la construcción de las graderías del evento, iniciando un proceso sancionatorio contra los organizadores. A esto se sumó la falta de aval de seguridad por parte de las entidades competentes.
Pese a todas estas advertencias, el evento fue llevado a cabo. La única autoridad que intentó frenar su realización fue la personera municipal, quien, según la senadora Padilla, habría recibido amenazas por su postura.
Como resultado de estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta del alcalde como una falta disciplinaria grave cometida a título de dolo, lo que podría derivar en sanciones de tipo disciplinario, incluyendo suspensión del cargo o inhabilidad para ejercer funciones públicas.
El caso se mantiene en investigación y se espera que en los próximos días la Procuraduría determine las medidas disciplinarias correspondientes.
