El paro camionero que había sumido a Colombia en el caos durante casi cuatro días llegó a su fin tras más de 12 horas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los transportadores. La mesa de negociación, que contó con la participación de más de 950 personas de las bases transportadoras del país, tanto de manera virtual como presencial, fue instalada bajo la instrucción directa del presidente de la República, con la intervención de los ministerios de Hacienda, Minas, Trabajo e Interior.
Durante el último encuentro, celebrado el miércoles 4 de septiembre, se discutieron varias propuestas para resolver la crisis causada por el alza en el precio del ACPM. Finalmente, el Gobierno propuso un incremento escalonado de $400 en el precio del combustible de manera inmediata y otros $400 en diciembre, lo que implica un aumento total de $800 para el año 2024.
El Gobierno Nacional expresó su disposición a continuar los diálogos mediante mesas técnicas para abordar temas estructurales del sector. Entre los puntos pendientes está la evaluación de un incremento adicional de $5.200 que se implementaría el próximo año. La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, destacó que el objetivo es democratizar el sector del transporte, estableciendo una interlocución directa con las bases del gremio camionero y comprometiéndose a incluirlas en los procesos de modernización.
Reclamos y propuestas del sector camionero
Uno de los principales negociadores del sector fue la Asociación Andina de Carga Liviana, representada por José Edilson Pava. Durante las conversaciones, Pava reafirmó la postura firme del gremio frente a los desafíos y advirtió que seguirán luchando por mejorar las condiciones laborales y operativas de los transportadores.
Uno de los puntos clave que presentó la Asociación fue la inclusión de un articulado en la reforma laboral específico para los conductores de servicio público. Pava subrayó que es fundamental que estos trabajadores cuenten con garantías laborales adecuadas, ya que actualmente enfrentan condiciones precarias y sin suficiente protección.
Regulación del modelo “1 a 1”
Otro tema crucial fue la regulación del modelo de transporte de carga “1 a 1”, debilitado por el decreto 1517. Pava advirtió que hay una sobreoferta de vehículos que compiten por la misma cantidad de carga, permitiendo que los grandes monopolios dominen el sector, afectando a los pequeños transportadores.
Sistema de Información para el Transporte de Carga (Sisetal)
La Asociación también enfatizó la necesidad de mejorar el funcionamiento del Sistema de Información para el Transporte de Carga (Sisetal), especialmente en el sector de carga pesada. Pava denunció que la falta de control por parte de la Superintendencia de Transporte ha permitido que algunas empresas apliquen descuentos injustificados y omitan pagos por fletes y servicios adicionales, como el cargue y descargue. Además, propuso la creación de un Sisetal específico para la carga liviana.
Regulación de peajes y fondo de reposición de vehículos
Entre las demandas del gremio, también figura la creación de una ley que regule la distancia y el precio de los peajes, un tema que ha visto fracasar 14 proyectos en el Senado. No obstante, un nuevo proyecto en la Comisión Sexta podría ofrecer una solución.
Finalmente, se destacó la importancia de implementar el fondo de reposición para la carga liviana, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, como una medida crucial para renovar el parque automotor del gremio.
Revisión de precios de combustibles
En cuanto a los precios de los combustibles, la Asociación solicitó al Gobierno revisar la fórmula que fija los costos y los impuestos, como el biodiésel y la sobretasa. Pava denunció que estos recursos no se están invirtiendo en la mejora de las vías, como debería ser.
Con el fin del paro y el retorno de la normalidad, el sector transportador y el Gobierno Nacional continuarán trabajando en soluciones a largo plazo para mejorar las condiciones del gremio y garantizar la estabilidad en el país.
