Autoridades ofrecen hasta $25 millones por información sobre amenazas contra la Fuerza Pública en Ibagué

La Administración Municipal de Ibagué anunció una recompensa de hasta $25 millones para quienes suministren información que permita identificar, ubicar y judicializar a las personas responsables de amenazas o posibles atentados contra integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

La decisión fue adoptada luego de un Consejo de Seguridad y un Comité de Orden Público, escenarios en los que las autoridades analizaron las condiciones de seguridad y determinaron fortalecer las medidas de protección dirigidas a quienes cumplen labores relacionadas con la seguridad y custodia de la ciudadanía.

De acuerdo con la Administración Municipal, la recompensa busca incentivar la colaboración de la comunidad para obtener información que permita anticiparse a posibles hechos violentos y avanzar en la identificación de quienes estarían detrás de las intimidaciones.

Recompensa para identificar a los responsables

El secretario de Gobierno de Ibagué, Jhon Jairo Rojas, aseguró que la Administración Municipal mantendrá el respaldo a los integrantes de las instituciones que desarrollan labores de seguridad en la ciudad.

En Ibagué respaldamos a nuestros policías, militares, integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios del INPEC. No vamos a permitir que quienes amenacen o atenten contra nuestros servidores públicos actúen con impunidad”, señaló el funcionario.

Rojas agregó que, por esta razón, se dispuso una recompensa de hasta $25 millones para quienes entreguen información que permita establecer quiénes son los responsables de las amenazas y dónde pueden ser ubicados.

La Administración indicó que la información suministrada por los ciudadanos será manejada bajo absoluta reserva, con el propósito de proteger la identidad de quienes decidan colaborar con las autoridades.

Refuerzan seguridad en el COIBA

Dentro de las medidas adoptadas también se encuentra el fortalecimiento de la seguridad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, COIBA, donde la Policía Metropolitana reforzará las acciones de protección para el personal que desarrolla sus labores al interior del establecimiento.

Esta medida está dirigida especialmente a garantizar condiciones de seguridad para los funcionarios encargados de las labores de vigilancia, custodia y atención penitenciaria.

Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelantará las medidas preventivas y de protección que correspondan para los funcionarios del INPEC que puedan encontrarse en una situación de riesgo.

Las autoridades buscan de esta manera establecer un esquema de prevención que permita responder ante posibles amenazas y reducir los riesgos para los servidores públicos que cumplen funciones en establecimientos penitenciarios y en otras instituciones relacionadas con la seguridad.

Autoridades piden denunciar cualquier información

Ante este panorama, la Administración Municipal hizo un llamado a los habitantes de Ibagué para que informen oportunamente cualquier situación que pueda estar relacionada con amenazas, intimidaciones o posibles atentados contra integrantes de la Fuerza Pública o funcionarios del INPEC.

Para reportar información, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123, canal habilitado para recibir este tipo de alertas.

Las autoridades reiteraron que la información entregada será manejada con reserva y que los datos suministrados podrán contribuir a las investigaciones encaminadas a identificar y ubicar a los responsables.

Con estas medidas, la Administración Municipal aseguró que busca fortalecer la coordinación entre las instituciones y la ciudadanía, así como prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida de policías, militares, integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios penitenciarios.

La recompensa de hasta $25 millones estará dirigida a información que resulte efectiva para establecer la identidad y ubicación de los responsables de las amenazas o acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del INPEC.

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