Un grupo de docentes, administrativos, padres de familia y acudientes de la Institución Educativa Raíces del Futuro de Ibagué hizo pública una declaración en la que denuncia un presunto ambiente de intimidación, amenazas y presiones dentro de la comunidad educativa, situación que, según afirman, afecta el bienestar de estudiantes y trabajadores del plantel.
En el documento, fechado el 22 de mayo de 2026 y respaldado con decenas de firmas de integrantes de la comunidad educativa, los denunciantes aseguran que durante los últimos meses han sido testigos de situaciones que consideran preocupantes para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Según la declaración, existirían presuntas amenazas contra docentes por expresar opiniones diferentes, presiones constantes hacia personal administrativo y situaciones que, de acuerdo con los firmantes, habrían involucrado a estudiantes en asuntos ajenos a su formación académica.
Además, el documento hace referencia a denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso sexual que involucran a docentes y personal administrativo, frente a los cuales solicitan investigaciones imparciales y garantías para quienes han decidido denunciar.
Piden apartar al rector mientras avanzan las investigaciones
Uno de los principales puntos de la declaración es la solicitud para que el rector Orlando Olivera Morales se aparte temporalmente de sus funciones mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes. Los firmantes consideran que este paso permitiría garantizar transparencia e independencia en los procesos.
Asimismo, exigen que las investigaciones se desarrollen sin interferencias políticas, que se proteja a las personas que han presentado denuncias y que cualquier actuación se realice con enfoque de género y sin encubrimientos.
Solicitan intervención de organismos de control
La comunidad educativa también hizo un llamado a entidades como la Personería de Ibagué, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación, organizaciones sindicales y organismos defensores de derechos humanos para que acompañen el proceso y verifiquen las denuncias presentadas.
Los firmantes solicitan garantías de no repetición, protección para quienes han alzado la voz y medidas que eviten cualquier tipo de represalia contra docentes, administrativos o padres de familia que participen en las denuncias.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la rectoría de la institución frente a los señalamientos contenidos en el documento. Mientras tanto, la comunidad educativa insiste en que su propósito es que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y adopten las decisiones correspondientes para garantizar un ambiente seguro y transparente dentro del establecimiento educativo.