Un nuevo episodio de violencia contra un servidor público genera preocupación en el municipio de Santa Isabel. El presidente del Concejo Municipal, Javier Mauricio Peña, denunció haber sido víctima de una agresión física con un perrero, luego de que, según su relato, un hombre lo persiguiera y posteriormente lo atacara.
El corporado aseguró que existe un registro audiovisual en el que se observa cómo el presunto agresor lo sigue. La situación habría podido tener consecuencias más graves si el golpe recibido con este elemento contundente hubiera alcanzado su cabeza.
Sin embargo, la denuncia también se centra en lo ocurrido después del ataque, cuando Peña acudió a la estación de Policía para poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido.
Según manifestó, llegó bastante alterado por la agresión, pero cuestionó el procedimiento de los uniformados, pues aseguró que fue requisado y amenazado con recibir un comparendo por presuntamente incitar a una riña. Además, señaló que algunos policías le habrían manifestado que no era un servidor público, sino un ciudadano cualquiera.
Estas declaraciones generan interrogantes sobre la atención brindada por la institución policial frente a situaciones de violencia denunciadas por funcionarios públicos.
La preocupación del presidente del Concejo también está relacionada con antecedentes de amenazas contra su vida. Durante la entrevista, Peña aseguró que ha recibido amenazas de muerte desde que ejerce como concejal y que actualmente cuenta con dos medidas de protección expedidas por la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, afirmó que durante los últimos tres meses la Policía habría hecho caso omiso a estas disposiciones. También manifestó desconocer quién es el uniformado que tiene asignado dentro del denominado Plan Padrino, mecanismo de acompañamiento para su seguridad.
A esta situación se suma que, según relató, otro concejal de Santa Isabel habría sido víctima de una agresión verbal durante la misma jornada. Ante estos acontecimientos, la alcaldesa del municipio se comunicó con Peña y anunció la realización de un comité extraordinario de seguridad para analizar lo ocurrido.
El objetivo será revisar las condiciones de protección de los integrantes del Concejo y establecer acciones que permitan prevenir nuevos hechos de violencia. Entre las preocupaciones está el seguimiento a las medidas de protección existentes y el acompañamiento que debe brindar la Fuerza Pública.
Durante la entrevista, el presidente de la corporación también hizo un llamado a la gobernadora del Tolima para que se preste atención a las amenazas y agresiones contra los servidores públicos, señalando que la violencia no solamente afecta a determinados sectores de la población, sino también a concejales, funcionarios y presidentes de juntas de acción comunal.
Peña insistió en que las diferencias políticas no pueden convertirse en motivo de intimidación o agresión contra quienes ejercen funciones públicas.
Frente a los señalamientos de su presunto agresor, quien lo habría calificado de «vendido», el concejal defendió su postura política y aseguró que ha mantenido coherencia con sus principios. Explicó que llegó al Concejo ejerciendo oposición y que realizó control político, pero que también considera necesario respaldar los proyectos que representan beneficios para el municipio.
Finalmente, la denuncia deja sobre la mesa la necesidad de esclarecer las circunstancias de la agresión, establecer las responsabilidades correspondientes y verificar el cumplimiento de las medidas de protección que, según el funcionario, fueron expedidas por la Fiscalía.
Por ahora, se espera conocer los resultados del comité extraordinario de seguridad y un pronunciamiento de la Policía frente a los cuestionamientos realizados por el presidente del Concejo de Santa Isabel.