La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta estructura delincuencial dedicada al robo de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y beneficiarios de programas sociales en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
La investigación permitió establecer que el grupo ilegal habría utilizado información personal y credenciales de los beneficiarios para acceder de manera fraudulenta a sistemas informáticos, suplantar identidades y retirar recursos públicos destinados a población vulnerable.
Según el ente acusador, “la organización ejecutó más de 240 eventos fraudulentos”, mediante los cuales logró apropiarse de más de 116 millones de pesos.
Así operaba la estructura
Las investigaciones señalan a Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte como el presunto cabecilla de la organización criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, este hombre sería el encargado de “obtener las cédulas de ciudadanía de los beneficiarios, definir los montos a retirar y coordinar el cobro de los recursos”.
Por su parte, María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez habrían ingresado ilegalmente a bases de datos y utilizado registros biométricos ajenos o alterados para autorizar desembolsos de dinero.
Las autoridades también establecieron que parte de los recursos obtenidos de manera irregular habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche.
Los otros seis procesados tendrían funciones relacionadas con la suplantación de identidad, cobro de subsidios, coordinación de puntos de retiro y validación fraudulenta de identidades.
Computadores, lector biométrico y tarjetas bancarias
Durante los operativos de captura realizados por la Policía Nacional fueron hallados elementos clave para la investigación.
Entre el material incautado se encuentran “ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, tarjetas bancarias y otros dispositivos utilizados presuntamente para cometer los fraudes”.
Cinco enviados a prisión
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a los once capturados los delitos de:
- Concierto para delinquir.
- Acceso abusivo a sistema informático.
- Abuso de confianza.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco de los procesados, mientras que otros cinco deberán cumplir detención domiciliaria.
La Fiscalía destacó que esta acción representa “un importante golpe contra las estructuras dedicadas a defraudar programas sociales y apropiarse de recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país”.
Las investigaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas y determinar la totalidad de los recursos que habrían sido apropiados de manera ilegal.