Diana Salas, es parte del Movimiento Nacional Carcelario, quienes denuncian la situación que están viviendo los más 5.800 personas privadas de la libertad en el COIBA de Picaleña, al llevar 10 días sin el suministro de agua potable, donde menciona que la situación es crítica hasta se puede decir que es una emergencia de salud pública.
Hace mención que ya han solicitado al Ibal el suministro, tanto así que la denuncia ya se escaló a la personería, pues, se conoce que los reclusos han tendido que hacer sus necesidades en bolsas, no se han podido bañar o que incluso les toca comprar el agua con altos costos.
Gloria, resalta, que parecían que en la cárcel también existiera los niveles sociales, donde los del nivel más bajo son los que más sufren al no poder comprar el loquido vital y que con las medidas del Ibal cada día es peor.
Se espera el pronunciamiento oficial del Ibal y de la personería municipal.
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