Golpe a la minería ilegal en Chaparral deja pérdidas por más de $7.000 millones a las finanzas criminales

Un nuevo golpe contra la minería ilegal fue propinado por la Policía Nacional en el sur del Tolima, donde la operación “Pijaos IV” permitió intervenir un punto de explotación ilícita de oro en la vereda Tuluní, zona rural de Chaparral, afectando las finanzas de las estructuras criminales en más de $7.000 millones.

Durante el operativo, adelantado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, fueron inutilizadas 15 excavadoras y cinco motores industriales, maquinaria empleada para la extracción ilegal del mineral y considerada fundamental para el sostenimiento de esta actividad ilícita.

Las investigaciones establecieron que la maquinaria tenía una capacidad de producción cercana a 22.400 gramos de oro al mes, equivalentes a unos 2,6 millones de dólares en el mercado ilegal. Según la Policía, la afectación a la infraestructura utilizada para esta actividad alcanza los 2,35 millones de dólares, es decir, más de $7.000 millones, debilitando significativamente la capacidad logística y financiera de la organización criminal.

El director de Carabineros y Protección Ambiental, brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, explicó que la intervención también impacta las rentas del Frente Gerónimo Galeano, estructura alineada al Estado Mayor Central, que obtenía ingresos superiores a 300.000 dólares mensuales mediante el cobro extorsivo del 12 % sobre la producción ilegal de oro.

Además del golpe económico, la operación busca frenar el grave daño ambiental ocasionado sobre la quebrada La Cañada, ecosistema afectado por la remoción indiscriminada del suelo y el uso de sustancias altamente contaminantes, como el mercurio, empleadas en los procesos de extracción del mineral.

La Policía Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros con el propósito de proteger los recursos naturales, preservar las fuentes hídricas y afectar las economías ilegales que financian a los grupos armados organizados que operan en distintas regiones del país.

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