Una mujer fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en un caso de maltrato animal que habría afectado a más de 300 perros mantenidos en precarias condiciones dentro de un albergue ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.
De acuerdo con la investigación, el lugar funcionaba como un supuesto hogar de protección para animales rescatados de situaciones de abandono o riesgo en las calles. Sin embargo, las autoridades establecieron que el inmueble se habría convertido en un escenario de “hacinamiento, abandono y graves afectaciones al bienestar de los caninos”.
Las verificaciones fueron realizadas de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), entidades que evidenciaron que en el predio permanecían encerrados más de 300 perros en condiciones que comprometían seriamente su salud.
Durante una de las inspecciones realizadas el 12 de agosto de 2022, los funcionarios encontraron animales “sin acceso suficiente a alimento y agua”, además de espacios que no contaban con las condiciones mínimas para garantizar su protección y bienestar.
Las autoridades también documentaron casos de “desnutrición crónica, enfermedades, lesiones y deterioro físico” en varios de los caninos, situación que motivó el avance de la investigación penal.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a María Constanza García Aguirre, propietaria del albergue, el delito de “maltrato animal”.
La procesada no aceptó el cargo durante las audiencias judiciales.
El caso continúa en etapa de investigación mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes en este presunto caso de maltrato masivo contra animales.