La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Alexander Bohórquez Rincón, quien para la época de los hechos se desempeñaba como auxiliar de la salud en la ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, por su presunta responsabilidad en un caso de acoso sexual en el ámbito laboral.
Según el Ministerio Público, el funcionario habría aprovechado su cargo y el contacto permanente con una pasante de enfermería para presuntamente asediarla física y verbalmente con fines sexuales no consentidos, en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2023 al interior de un ascensor del centro asistencial.
Para la Procuraduría, esta conducta habría vulnerado la dignidad, la integridad y el derecho de la víctima a desempeñarse en un entorno laboral libre de violencia, además de desconocer la protección reforzada que el Estado debe garantizar a las mujeres en sus lugares de trabajo.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima, cometida a título de dolo. El proceso disciplinario continuará para determinar la responsabilidad del investigado.
Destituyen a docente en Chaparral
En otro proceso, la Procuraduría confirmó en fallo de primera instancia la destitución e inhabilidad especial por tres meses contra el entonces docente Paulo Enrique Reinoso Mosquera, adscrito a la Institución Educativa La Risalda, en el municipio de Chaparral.
El ente de control concluyó que el profesor incurrió en una conducta indebida al propiciar un beso en la boca a una estudiante de seis años dentro de las instalaciones del plantel educativo durante el año 2022.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Tolima determinó que el comportamiento vulneró las obligaciones legales y éticas propias del ejercicio docente, así como las normas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
La conducta fue calificada como grave y cometida a título de dolo, al considerar que los servidores públicos del sector educativo deben mantener relaciones estrictamente pedagógicas con sus estudiantes y abstenerse de cualquier comportamiento que afecte su integridad, bienestar y confianza.
Con estas actuaciones, la Procuraduría reiteró su compromiso de investigar y sancionar disciplinariamente las conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres y los derechos de los menores de edad en el ejercicio de la función pública.