La emergencia por incendios forestales que enfrenta el Tolima en 2026 no solo ha dejado miles de hectáreas afectadas, pérdidas ambientales y daños al sector rural. También plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurrió con las medidas de prevención después de la crisis de 2024?
Hace apenas dos años, el departamento ya había enfrentado una temporada crítica. En 2024 se reportaron alrededor de 11.740 hectáreas afectadas por incendios forestales, una cifra que evidenciaba la vulnerabilidad del territorio durante los periodos secos.
Sin embargo, en 2026 el panorama es considerablemente más grave. El consolidado de Cortolima, con corte al 28 de agosto, registra 31.046 hectáreas afectadas, lo que representa un incremento aproximado del 164,5 % frente a 2024. A esta cifra se suma el reporte de la Gobernación del Tolima, que habla de cerca de 50.000 hectáreas afectadas.
En términos simples, el Tolima pasó de enfrentar una emergencia severa a una crisis que prácticamente triplica la superficie afectada en apenas dos años, según los datos de Cortolima. La emergencia, además, continúa activa: a la fecha se reportan nueve incendios forestales en curso.
2024 ya había dejado una advertencia
La temporada de incendios de 2024 afectó principalmente zonas de bosque seco tropical, pastizales, matorrales y áreas agrícolas. Municipios como Natagaima, Coyaima, Prado, Dolores y Guamo estuvieron entre los más afectados.
Aquella emergencia evidenció problemas recurrentes: altas temperaturas, prolongación de los periodos secos, vulnerabilidad de la cobertura vegetal, realización de quemas y dificultades para responder oportunamente en zonas rurales de difícil acceso.
Dos años después, varios de esos factores vuelven a presentarse, pero con una dimensión mucho mayor.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué medidas estructurales se adoptaron entre 2024 y 2026 para reducir el riesgo?
La emergencia ahora es mucho mayor
En 2026, Ortega encabeza la afectación con cerca de 6.887 hectáreas, seguido por Armero-Guayabal, con 5.097; San Luis, con 4.371; Guamo, con 4.041, y Coyaima, con 2.411 hectáreas.
Uno de los casos más significativos es precisamente Guamo. En 2024 habría registrado cerca de 1.180 hectáreas afectadas; este año supera las 4.000. El incremento es superior al 240 %.
Además, el fuego ya no se concentra únicamente en una subregión. La emergencia se ha extendido por distintos puntos del sur, centro y norte del departamento, afectando herbazales, pastos, bosques y zonas productivas.
El aumento de la superficie afectada también pone en cuestión la capacidad real de los municipios para anticiparse a este tipo de emergencias, particularmente en aspectos como la disponibilidad de cuerpos de bomberos, equipos, carrotanques, brigadas forestales, sistemas de alerta temprana, planes municipales de contingencia y vigilancia sobre quemas prohibidas.
¿Se actuó antes o únicamente cuando comenzaron los incendios?
Durante las últimas semanas, la respuesta institucional ha incluido aeronaves, helicópteros, soldados, policías, bomberos, brigadistas y organismos de socorro. También se han activado puestos de mando unificado y se han destinado recursos para atender a las comunidades afectadas.
No obstante, la magnitud alcanzada por la emergencia obliga a diferenciar dos conceptos: atender un incendio no equivale a prevenirlo.
La prevención exige actuar con meses de anticipación: identificar puntos críticos, fortalecer los cuerpos de bomberos, mantener reservas de agua, abrir y conservar cortafuegos, controlar las quemas agrícolas, capacitar a las comunidades, vigilar las zonas de alta recurrencia y garantizar que los municipios cuenten con planes de contingencia actualizados y financiados.
Si en 2024 ya existía evidencia clara sobre el nivel de exposición del Tolima, el aumento registrado en 2026 obliga a revisar si esas acciones fueron suficientes.
¿Manos criminales, pero sin responsables identificados?
En medio de la emergencia, también se ha hablado de la posible intervención de manos criminales como causa de algunos incendios. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado identificar a ningún responsable.
Esta situación obliga a mantener la hipótesis bajo investigación y a evitar que se convierta en una explicación definitiva sin pruebas. Determinar el origen de cada incendio será clave para establecer responsabilidades, diferenciar entre acciones intencionales, accidentes y quemas no controladas, y adoptar medidas efectivas de prevención y judicialización.
Una factura ambiental que sigue creciendo
La crisis actual también está provocando una afectación significativa sobre los ecosistemas. Entre las coberturas impactadas se encuentran más de 6.500 hectáreas de herbazales, 3.775 hectáreas de pastos limpios y más de 2.100 hectáreas de bosques abiertos y densos, además de zonas agrícolas.
La cifra podría seguir aumentando mientras permanezcan activos algunos incendios y se complete la evaluación de los territorios afectados. También deberá aclararse la diferencia entre el consolidado de Cortolima y el reporte de la Gobernación, pues ambos corresponden a cortes y metodologías que deben ser contrastados.
Por ello, más allá del balance de hectáreas afectadas, el debate que permanece abierto se relaciona con la capacidad institucional para aprender de las emergencias anteriores.
El Tolima ya había recibido una advertencia en 2024. Dos años después, la superficie afectada aumentó más de 164 % según el consolidado de Cortolima, mientras la Gobernación reporta cerca de 50.000 hectáreas afectadas y todavía permanecen activos nueve incendios forestales. Ahora las autoridades deberán explicar qué medidas se adoptaron en materia de prevención, cuánto se invirtió, por qué esas acciones no fueron suficientes para evitar que la emergencia alcanzara esta magnitud y qué avances existen para identificar a los responsables de los incendios que se atribuyen a posibles manos criminales.
Las cifras de Cortolima corresponden al corte del 28 de agosto. El reporte de cerca de 50.000 hectáreas afectadas corresponde a la Gobernación del Tolima. Ambos datos deben contrastarse con los consolidados oficiales definitivos de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo.