Tribunal confirma condena contra Andrés Hurtado. Exalcalde de Ibagué deberá responder por uso indebido del estadio

El Tribunal Superior de Ibagué confirmó este jueves 19 de noviembre la condena de 30 meses de prisión, equivalentes a dos años y seis meses, contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por el delito de peculado por uso, relacionado con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración privada.

La decisión de segunda instancia ratifica el fallo emitido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué, que encontró responsable al exmandatario por permitir el uso de un escenario deportivo público para actividades particulares.

Una fiesta de cumpleaños en el estadio

Los hechos se remontan al 6 de marzo de 2021, cuando el estadio Manuel Murillo Toro fue utilizado para celebrar el cumpleaños del hijo menor del entonces alcalde.

Según lo establecido en el proceso, la celebración incluyó un partido de fútbol, decoración, alimentos y una reunión en uno de los camerinos, actividades que dieron origen a la investigación por el uso indebido de un bien público.

Condena e inhabilidad

La sentencia de primera instancia impuso 30 meses de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo, sin conceder inicialmente prisión domiciliaria ni suspensión condicional de la pena.

No obstante, la confirmación de la condena en segunda instancia no significa necesariamente que el exalcalde deba ingresar de inmediato a prisión, pues aún existen mecanismos judiciales que pueden incidir en la firmeza y ejecución de la sentencia.

Defensa acudirá a la Corte Suprema

La defensa de Andrés Hurtado anunció que presentará un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de buscar que se revise y eventualmente se revoque la decisión.

El proceso también ha generado discusión sobre los términos de prescripción de la acción penal, asunto que deberá resolverse conforme a las actuaciones judiciales correspondientes.

El fallo representa un nuevo capítulo judicial para el exalcalde de Ibagué y pone nuevamente en discusión la responsabilidad de los servidores públicos frente al uso de escenarios y bienes del Estado para actividades privadas.

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