La Fiscalía General de la Nación judicializó a Reinaldo Romero Ortega, un hombre que, mientras trabajaba como auxiliar de justicia entre marzo y agosto de 2016, presuntamente se apropió irregularmente de un tractocamión valuado en 211 millones de pesos. El vehículo estaba bajo su custodia como parte de sus funciones.
Romero Ortega fue imputado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima por los delitos de fraude a resolución judicial, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación. El acusado no aceptó los cargos y enfrentará medida de aseguramiento preventiva en un establecimiento carcelario.
Según la investigación, Romero Ortega fue designado como secuestre del tractocamión en un caso ante un juzgado civil de Ibagué. Sin embargo, aprovechando su posición como administrador del vehículo, vendió el automotor en varias ocasiones. El material probatorio indica que el hombre retiró el camión del parqueadero donde estaba resguardado por órdenes del juez y lo vendió a un comerciante en Cartago (Valle del Cauca) por 180 millones de pesos.
Para justificar su accionar, Romero Ortega presentó un oficio falso al juzgado, alegando que el camión había sido trasladado a un parqueadero en Bogotá bajo responsabilidad de una empresa local, información que resultó ser falsa. Posteriormente, el propietario del vehículo denunció el hurto ante la Policía Nacional, lo que llevó a la inmovilización del camión.
Tras recuperar el tractocamión, Romero Ortega fue reasignado como secuestre por el juez, situación que habría aprovechado para poner nuevamente en circulación el vehículo. Además, presentó un contrato falso de arrendamiento por 3 millones de pesos con una empresa en Bogotá y, más tarde, vendió el camión por segunda vez, recibiendo como parte del pago dos vehículos y 46 millones de pesos.
La irregularidad fue descubierta por el juzgado, que ordenó nuevamente la inmovilización del tractocamión. Romero Ortega fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional en Carmen de Apicalá (Tolima), y el juez suspendió sus funciones como secuestre.
