El pasado 26 de mayo, cerca de las 6:00 de la mañana, Jovanny Bonilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín de Ibagué, fue víctima de un operativo irregular por parte de funcionarios de la Fiscalía, quienes lo confundieron con un presunto secuestrador. Según relata, salía de su vivienda rumbo al trabajo cuando fue interceptado de manera violenta.
“Me bajé de la casa y apenas iba tomando la vía nacional cuando se me atravesó un taxi, acompañado de una camioneta blanca. Se bajaron seis hombres armados, sin identificarse, y me taparon la boca para que no pidiera auxilio. Me tiraron al suelo, me amordazaron y me lastimaron el antebrazo izquierdo. Nunca me pidieron la cédula ni revisaron la placa de mi moto”, aseguró Bonilla.
El operativo, según le explicaron después, buscaba capturar al responsable del secuestro de una menor de edad. “El único argumento que me dieron fue que mi moto tenía el mismo color y marca que la del sospechoso. Pero nunca hicieron una verificación previa. Me revisaron el pecho buscando marcas, como si eso justificara la violencia. Solo después de agredirme, rompieron mi computador –que es herramienta de trabajo– y me pidieron disculpas. Ahí sí se identificaron como agentes de la Fiscalía”.
Bonilla aseguró que puso la denuncia formal ese mismo día en el búnker de la Fiscalía, y entregó pruebas, incluida una grabación de una cámara de seguridad privada que registró los hechos. “Han pasado ya más de diez días y no me han llamado, ni me han asignado fiscal. Todo sigue en silencio”.
Además del daño material y físico, denunció afectaciones psicológicas tanto para él como para su familia. “Desde ese día tengo miedo de salir. Paso por el mismo lugar y me tiemblan las piernas. Mi esposa queda angustiada cada vez que salgo a trabajar. Esto no puede seguir pasando. Hoy fui yo, mañana puede ser otro ciudadano, y quizás no tenga la misma suerte”.
Pese a ser presidente de la JAC, Bonilla indicó que ni la Alcaldía ni la Secretaría de Gobierno se han comunicado con él para brindarle apoyo. “He hablado con varios medios de comunicación, pero no he recibido ningún acompañamiento institucional”.
El líder comunal exige reparación inmediata por los daños materiales y psicológicos, y solicita que se acelere la investigación para que se esclarezca lo ocurrido y se tomen medidas que eviten futuras equivocaciones. “Estamos hablando de la Fiscalía, de la entidad que debe garantizar la justicia, no de una organización improvisada. Un error como este puede costarle la vida a una persona inocente”.
