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Reaparece el debate por La Colosa

Organizaciones insisten en que Cajamarca sigue siendo territorio libre de gran minería.

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El anuncio de la empresa Mineros S.A. sobre un acuerdo para adquirir el 100 % de las acciones del proyecto La Colosa, que pertenecían a AngloGold Ashanti, volvió a encender el debate ambiental en Cajamarca.

Organizaciones recuerdan el mandato ciudadano

Desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca, organizaciones sociales reiteraron que el municipio ya tomó una decisión frente a la gran minería y que el territorio debe permanecer libre de este tipo de proyectos.

La posición se sustenta en la consulta popular realizada en 2017, cuando cerca del 98 % de los votantes rechazó las actividades mineras en el municipio, una decisión que, según recuerdan las organizaciones, fue respaldada posteriormente por fallos judiciales que reconocieron su valor jurídico y democrático.

Exploración suspendida y sin permisos

El ambientalista Robinson Mejía, integrante de la Fundación Cosajuca, explicó en declaraciones a la alianza informativa del canal PYC Televisión y La Voz del Tolima que, pese al anuncio empresarial, actualmente el proyecto enfrenta serias limitaciones legales y ambientales.

En ese sentido señaló que “ni AngloGold Ashanti ni Mineros S.A. tienen permisos ambientales para desarrollar actividades mineras en Cajamarca”, recordando que las labores de exploración del proyecto se encuentran suspendidas.

Cambio de empresa no cambia la decisión del territorio

Para los movimientos ambientales, el eventual cambio de titularidad del proyecto no modifica la postura que durante años ha sostenido la comunidad frente a la gran minería.

Según Mejía, “aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender el territorio y proteger el agua, la agricultura y los ecosistemas estratégicos del municipio”.

Nuevo acuerdo municipal de protección

El anuncio empresarial también se conoció pocos días después de que el Concejo Municipal aprobara un acuerdo de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios del proyecto minero como áreas de utilidad pública e interés social, una medida que busca reforzar la protección del territorio frente a la actividad extractiva.

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