En un reciente debate de control político a la secretaría de infraestructura, el concejal Jorge Bolívar expuso irregularidades alarmantes en relación con el contrato del puente la 60, que ha resultado en pérdidas significativas para el municipio. Bolívar anunció que, hasta la fecha, “el contrato no ha sido liquidado como lo ha manifestado la administración” y que lo único que se ha hecho es declarar “una cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento del contratista”, lo que generó una sanción de 3.900 millones de pesos.
El concejal destacó que esta cantidad “no representa la recuperación del anticipo pagado, sino que corresponde a una sanción por el incumplimiento.” Además, enfatizó que “a día de hoy, el municipio aún espera recuperar los 3.900 millones de pesos entregados como anticipo,” así como 1.900 millones de pesos que se giraron al interventor. También se han pagado más de 1.800 millones de pesos en intereses sobre un empréstito de 11.000 millones de pesos que no ha sido utilizado para la obra.
Bolívar criticó severamente el manejo del contrato, subrayando que “el contratista no presentó la documentación requerida para el manejo de los 2.900 millones de pesos de anticipos.” Además, indicó que “no se estaba pagando la seguridad social a los empleados,” lo cual agrava la situación. A pesar de que muchas obras no requerían permisos de Cortolima, “el avance de la obra real es del 0%,” contradiciendo el informe que afirmaba un avance del 5.6% de la administración anterior del exalcalde Andrés Hurtado, responsable de este desastre.
El concejal enfatizó que “el municipio ha perdido hasta ahora cerca de 9.000 millones de pesos” en este contrato. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera:
• 2.000 millones de pesos por un estudio contratado por la administración anterior en 2021.
• 2.900 millones de pesos girados al contratista sin la debida justificación, lo que evidencia “un muy mal manejo de anticipos.”
• 1.900 millones de pesos pagados al interventor, a pesar de que “el pago tenía que ser de acuerdo al avance de la obra.”
• 1.800 millones de pesos en intereses acumulados por el dinero que no se ha utilizado para la obra, a pesar de que “de esa gran parte, cinco mil millones todavía están en los bancos.”
Bolívar concluyó haciendo un llamado a la administración para que se realice “la liquidación del contrato a la mayor brevedad posible,” con el fin de determinar las responsabilidades penales y fiscales de quienes estuvieron involucrados en el seguimiento de este proyecto. La comunidad, especialmente los residentes de La Floresta y la calle 60, espera respuestas y soluciones efectivas ante el daño causado por la inacción, resaltando que “la gente está pendiente de ver qué va a pasar con la terminación de estas obras.”
Este panorama ha suscitado inquietud entre los ciudadanos, quienes demandan transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión de recursos públicos en un proyecto tan crucial para la infraestructura de la ciudad.
