Luego de suscribir preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, y aceptar su
responsabilidad en los actos de corrupción detectados en la contratación de las obras de
remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, los exasesores de la Alcaldía de Ibagué,
Orlando Arciniegas Lagos; y del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación
(Imdri), Leonardo Alexander Valero González, fueron condenados por los delitos de
contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración
de contratos.
Un juez penal de conocimiento los sentenció a 42 meses y 34 meses de prisión
respectivamente, al tiempo que les negó cualquier beneficio.
Simultáneamente, el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el exalcalde de Ibagué, Luis
Hernando Rodríguez Ramírez, recibió aval judicial. El exfuncionario reconoció su
participación en los delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de los
requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos; al tiempo que
ofreció excusas públicas por comprometer los recursos públicos destinados al sector
deporte.
En ese sentido será condenado a 60 meses de prisión. La sentencia se conocerá el 24 de
febrero de 2025.
La investigación
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Tolima, estableció que el comité
técnico, asesor y evaluador encargado de estudiar las propuestas recibidas para ejecutar
las obras de ampliación, adecuación y remodelación del escenario deportivo, y asumir la
respectiva interventoría, realizó diferentes maniobras ilícitas para beneficiar a un
oferente en agosto de 2014.
En ese sentido, fueron confeccionados los pliegos a la medida de un contratista
específico. Ante errores e inconsistencias que lo descalificaban se le permitió corregir,
presentar documentación falsa y seguir participando en el proceso contractual hasta que
fue seleccionado para quedarse con un proyecto que superó los 13.308 millones de
pesos.
Posteriormente, en la etapa de ejecución, fueron avaladas prórrogas que no cumplieron
con la debida planeación. De esta manera se otorgaron plazos de 30 días para mejoras,
impermeabilización y pintura de las graderías.
Las pruebas obtenidas indican que del mencionado comité técnico, asesor y evaluador
hicieron parte Valero González y Arciniegas Lagos, quien previamente pactó una dádiva
del 10% del valor total de la contratación para garantizar el direccionamiento y otras
actuaciones irregulares. De los dineros comprometidos en las coimas, el 6%
correspondió al alcalde y el 4% a los demás servidores públicos involucrados.
