La Contraloría Municipal de Ibagué confirmó hallazgos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), tras una denuncia interpuesta por el concejal Jorge Bolívar.
El informe revela un alarmante incremento en los contratos por prestación de servicios: en 2023 se destinaron $1.500 millones a esta modalidad de vinculación, pero en 2024 la cifra se disparó a más de $2.600 millones.
> “Lo que tenemos es una nómina paralela usada para pagar favores politiqueros. Pasamos de 15 a 40 abogados, de un psicólogo a ocho, de cuatro a diez arquitectos, y aún así Ibagué no avanza en materia de transporte”, denunció el concejal.
Además, se cuestiona que muchos de los contratados ni siquiera son oriundos de la capital tolimense, lo que agrava la situación en una ciudad con altos índices de desempleo.
El SETP: un proyecto con 90% de atraso
A pesar del millonario gasto anual en personal, el SETP registra solo un 10% de ejecución, lo que evidencia que los recursos no se están traduciendo en obras tangibles para la ciudad.
Desde hace años, Ibagué espera la modernización del sistema de transporte público, pero los avances son escasos. Mientras tanto, los informes oficiales reflejan una estructura administrativa inflada y sin impacto visible en las calles.
> “Cada año se invierten más de $2.000 millones en contratos, pero lo que hay en las vías es abandono, improvisación y promesas incumplidas”, aseguró Bolívar.
Dos contratos por $45 mil millones sin rastro de ejecución
La denuncia también apunta a dos contratos firmados el 31 de diciembre de 2024, por un valor superior a los $45.000 millones, supuestamente destinados a la pavimentación de la carrera Quinta y a la implementación de un sistema de semaforización moderno.
Seis meses después, ni los trabajos de pavimentación ni los nuevos semáforos están a la vista. No hay maquinaria, avances técnicos ni claridad sobre la ejecución.
> “¿Dónde están las obras? ¿Dónde están los recursos? Estos contratos parecen fantasmas, firmados al cierre del año, y sin ningún control sobre su cumplimiento”, advirtió el cabildante.
Bolívar anunció que llevará la denuncia a la Contraloría General de la República, con el fin de que se investigue también el uso de los recursos de origen nacional, pues el informe actual solo abarca dineros del orden municipal.
