En medio de una creciente preocupación por la llegada de familias desplazadas desde el Catatumbo hacia el Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz denunció públicamente la improvisación con la que, según ella, el Gobierno Nacional está manejando el proceso de reasentamiento. Las declaraciones se dieron durante una mesa técnica convocada en Ibagué, que contó con la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, agencias del Sistema de Naciones Unidas, y organizaciones de derechos humanos.
La mandataria advirtió que el departamento no ha sido consultado adecuadamente y que los traslados se están ejecutando sin un diagnóstico técnico previo que evalúe la viabilidad de los terrenos, el acceso a servicios públicos o las condiciones mínimas de infraestructura.
“Están asignando lotes en zonas rurales alejadas, sin agua potable, sin gas domiciliario, sin luz en algunos casos, y a más de 35 kilómetros de un puesto de salud o una institución educativa. ¿Cómo van a hacer cuando la familia ya se enferme para poder tener el servicio de salud?”, cuestionó la gobernadora, visiblemente preocupada por la situación.
Uno de los casos que mencionó es el de Dayro, un padre de familia desplazado con sus hijos menores de edad, quien fue ubicado en un terreno sin servicios básicos, y sin la posibilidad de generar ingresos mientras se formaliza su situación jurídica y económica. “Se les entrega un terreno y se les deja ahí, sin una ruta clara de acompañamiento ni soluciones de sostenibilidad. Eso no es garantía de derechos. Eso es abandono”, afirmó Matiz.
Ante esta situación, propuso una estrategia tripartita de articulación interinstitucional: “Que el municipio entregue el techo, el departamento ponga el terreno y el Gobierno Nacional los recursos. No estamos diciendo que no, pero hagamos las cosas bien”, insistió.
Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional a estructurar una política de atención con enfoque territorial, que tenga en cuenta la capacidad instalada de los municipios receptores, la oferta institucional local y la dignidad de las familias reubicadas. “El Tolima es tierra solidaria, y estamos dispuestos a recibir a nuestros hermanos del Catatumbo con un sentimiento de hermandad. Pero si no se hace con planeación, lo que se genera es frustración, abandono y una segunda victimización para quienes ya lo han perdido todo”, subrayó.
Matiz finalizó su intervención reiterando que el departamento no se opone a la llegada de familias víctimas del conflicto armado, pero que no permitirá que se sigan tomando decisiones unilaterales desde Bogotá sin consultar a los territorios: “Queremos hacer parte de la solución, pero no podemos aceptar que la responsabilidad recaiga solo en los entes locales, sin recursos, sin asistencia técnica, y sin coordinación institucional”.
