La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por una presunta participación en política durante el año 2023, en favor de la hoy alcaldesa de la capital tolimense, Johana Aranda.
De acuerdo con la decisión del Ministerio Público, Hurtado habría incurrido en una falta disciplinaria relacionada con la intervención indebida en actividades proselitistas, situación que fue objeto de investigación y que derivó en la sanción conocida en las últimas horas.
Desde la defensa del exmandatario, liderada por el abogado Juan Carlos Novoa, se confirmó que el fallo ya fue apelado, por lo que el proceso pasará ahora a una segunda instancia, en la que se definirá su situación disciplinaria definitiva.
Mientras se resuelve esa etapa del proceso, Andrés Hurtado no se encuentra inhabilitado y puede continuar participando en el escenario político, incluyendo una eventual aspiración a la Gobernación del Tolima en el año 2027.
Pronunciamiento en redes sociales
Tras conocerse la decisión, el exalcalde se pronunció a través de sus redes sociales, donde afirmó que la sanción no obedece a criterios disciplinarios sino a una decisión de carácter político, con la que —según dijo— buscan sacarlo del camino electoral.
“Nos quieren sacar del camino, pero con la ayuda de Dios no lo lograrán. Nuestro proyecto a la Gobernación del Tolima sigue firme”, manifestó Hurtado, al tiempo que reiteró su confianza en el trabajo de su equipo jurídico y en que se demostrará su inocencia en las siguientes instancias.
El exmandatario también insistió en que continuará recorriendo el departamento y consolidando su proyecto político con miras a las elecciones de 2027, pese al proceso disciplinario en curso.
Lo que sigue en el proceso
Expertos en derecho disciplinario explicaron que, en caso de que la decisión de segunda instancia resulte desfavorable, el caso podría llegar al Consejo de Estado, instancia que tendría la última palabra conforme a la normatividad vigente.
Por ahora, el futuro político de Andrés Hurtado queda en manos de la apelación presentada, mientras el debate sobre los límites entre la participación política y la función pública vuelve a tomar fuerza en el escenario regional.
