El hundimiento en el Concejo de Ibagué del proyecto de acuerdo que buscaba autorizar la cesión gratuita de un terreno a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) para construir el proyectado Hospital Materno Infantil tendría detrás problemas jurídicos y de planeación que irían más allá de la decisión política de los concejales.
Así lo planteó públicamente el abogado Wilson Leal, quien a través de sus redes sociales hizo un análisis de los documentos que acompañaron la iniciativa y cuestionó la forma como la Administración Municipal estructuró y presentó el proyecto.
La iniciativa resulta especialmente sensible porque el Hospital Materno Infantil cuenta con recursos aprobados por el Ministerio de Salud durante la gestión del saliente ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, el hundimiento de la autorización para entregar el predio pone ahora presión sobre los tiempos para materializar la inversión.
Leal considera equivocado reducir la discusión a señalar cuáles concejales votaron a favor o en contra. Según su análisis, existían asuntos jurídicos que debieron solucionarse previamente desde la Alcaldía.
Primer problema: la naturaleza jurídica del terreno
El primer reparo está relacionado con el certificado de tradición del predio ubicado en el sector de Arboleda Campestre.
Según Leal, el documento aportado por el municipio registra el terreno como bien de uso público y no como bien fiscal, diferencia determinante para poder realizar la cesión pretendida.
El abogado recordó que la Constitución establece que los bienes de uso público son inalienables, lo que significa que no pueden venderse, cederse o transferirse.
“En esos términos no se podía ceder el bien a la USI, que era lo que pedía el proyecto. Sencillamente, lo que se pedía era que el Concejo violara la Constitución”, aseguró.
Leal agregó que, si la posición de la Alcaldía es que el inmueble realmente tiene naturaleza de bien fiscal y existe un error en su registro, la Administración debió adelantar previamente la corrección correspondiente, especialmente teniendo en cuenta que, según señaló, el proyecto de inversión venía preparándose desde hace aproximadamente dos años.
Segundo problema: el uso del suelo
El abogado planteó una segunda dificultad que podría mantenerse incluso si se resuelve la situación jurídica del terreno.
Según su exposición, el predio surgió de una cesión obligatoria dentro del Plan Parcial El Zorro y estaría destinado a equipamiento local.
Leal sostiene que esta clasificación permitiría equipamientos de baja intensidad y tendría una limitación de hasta 250 metros cuadrados, condición que, según su interpretación, sería incompatible con el Hospital Materno Infantil proyectado sobre un área superior a los 8.000 metros cuadrados.
Por esa razón, advirtió que el problema podría reaparecer posteriormente cuando se tramite la licencia ante una curaduría urbana.
El abogado cuestionó además una certificación presentada con el proyecto, que calificó como “amañada”. Esta afirmación corresponde a su denuncia y deberá ser contrastada con la posición de la Administración Municipal y las dependencias que expidieron los documentos.
El reloj corre: plazo vencería el 25 de septiembre
Pero el señalamiento que aumenta la preocupación está relacionado con los recursos destinados a la construcción del hospital.
De acuerdo con Leal, las resoluciones del Ministerio de Salud incorporadas al proyecto establecen condiciones para el manejo de los recursos nacionales y obligaciones que debe cumplir el municipio.
Según explicó, si dentro de los tres meses siguientes al primer giro no se abre el proceso para seleccionar al contratista, los recursos y sus rendimientos deberán ser devueltos.
El abogado asegura que el primer giro se realizó el 25 de junio de 2026, por lo que, de acuerdo con su interpretación de las resoluciones, el plazo vencería el próximo 25 de septiembre.
Esto dejaría aproximadamente un mes para encontrar una salida al problema del predio y avanzar con las actuaciones necesarias para evitar poner en riesgo la financiación del proyecto.
Leal apunta la responsabilidad hacia la Administración
El análisis termina con fuertes cuestionamientos políticos hacia el gobierno de la alcaldesa Johana Aranda.
Para Leal, el hundimiento no debería explicarse únicamente como una decisión de los concejales que negaron la iniciativa, sino que debe establecerse qué responsabilidad tuvo la propia Administración en la estructuración de un proyecto que llegó al Cabildo con los problemas jurídicos que denuncia.
“¿Sabe la alcaldesa que el naufragio del proyecto no obedeció a la mala leche de los concejales, sino a la propia Administración?”, cuestionó.
También preguntó quién asumirá la responsabilidad política dentro del equipo de gobierno por la estructuración de la iniciativa.
El debate adquiere ahora una dimensión mayor: ya no se trata solamente del hundimiento de un proyecto de acuerdo en el Concejo, sino del riesgo que podría correr una inversión destinada a construir el Hospital Materno Infantil de Ibagué.
Por ahora, los cuestionamientos corresponden al análisis público realizado por Wilson Leal. Será necesario conocer la respuesta de la Alcaldía de Ibagué sobre la naturaleza jurídica del predio, las restricciones de uso señaladas, el estado actual de los recursos entregados por el Ministerio de Salud y, especialmente, si existe riesgo real de tener que devolverlos después del 25 de septiembre.
