La Policía Nacional en el Tolima reportó la captura de un hombre de 30 años, requerido por las autoridades judiciales por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en medio de una investigación relacionada con hechos que presuntamente habrían ocurrido en Ibagué durante el segundo semestre de 2025.
El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en articulación con uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué y el Grupo Técnico Operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la captura se produjo aproximadamente a las 11:20 de la mañana, en un sector de vía pública del barrio Praderas de Santa Rita, en la capital del Tolima.
Hasta ese punto llegaron los investigadores luego de adelantar diferentes actividades de inteligencia y Policía Judicial orientadas a establecer la ubicación de la persona requerida por la justicia.
Al momento de realizar el procedimiento y verificar la identidad del ciudadano, los uniformados establecieron que sobre él existía una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.
La orden judicial estaba relacionada con una investigación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, por lo que el hombre fue capturado y posteriormente trasladado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Según la información suministrada por la Policía, la investigación se relaciona con hechos que presuntamente habrían ocurrido entre los meses de julio y octubre de 2025 y en los que habría sido víctima una menor de cuatro años de edad.
Por tratarse de una investigación en curso y de un caso que involucra a una niña, las autoridades no entregaron detalles adicionales que puedan permitir su identificación o afectar sus derechos fundamentales.
Tras la captura, se llevó a cabo la audiencia virtual correspondiente ante la autoridad judicial. Durante el desarrollo del proceso, un juez determinó imponer al capturado una medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario, mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.
La Policía señaló que este resultado hace parte de las acciones que vienen desarrollando las unidades de investigación criminal para atender los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos relacionados con violencia y explotación sexual.
El coronel FERNEY MARTÍN ROMERO, comandante del Departamento de Policía Tolima, destacó el trabajo adelantado por los investigadores y reiteró que la institución continuará fortaleciendo las capacidades de Policía Judicial para identificar, ubicar y llevar ante las autoridades competentes a las personas requeridas por este tipo de conductas.
La institución también insistió en la importancia de que la ciudadanía informe oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la integridad de niños, niñas y adolescentes. Para ello, se encuentra habilitada la línea 123, además de las patrullas de Policía que realizan labores de vigilancia en los diferentes sectores.
Las autoridades recordaron que este tipo de información puede ser entregada bajo reserva, con el propósito de facilitar la actuación institucional y activar las rutas correspondientes de protección.
La captura se suma a las acciones de investigación criminal que adelantan las autoridades en el Tolima frente a los delitos sexuales. En estos casos, además de la judicialización de los presuntos responsables, las instituciones tienen el deber de garantizar la protección integral de las víctimas y evitar cualquier situación que pueda generar una nueva afectación.
Mientras continúa el proceso judicial, será la autoridad competente la encargada de determinar la responsabilidad penal del capturado, de acuerdo con las pruebas que sean incorporadas al proceso y las garantías establecidas por la ley.
La Policía Nacional reiteró finalmente el llamado a padres, cuidadores, docentes y comunidad en general para permanecer atentos ante cualquier señal de riesgo y denunciar de manera inmediata posibles situaciones que comprometan la integridad de los menores de edad.
