La minería ilegal en el sur del Tolima fue objeto de una intervención de gran magnitud por parte de la Fuerza Pública y diferentes entidades del Estado. Como resultado de los operativos adelantados en el municipio de Ataco, más de 1.000 personas que se encontraban dedicadas a la extracción ilegal de oro en las riberas de los ríos Atá y Saldaña abandonaron la zona y regresaron a sus lugares de origen.
La información fue confirmada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante una visita al municipio de Planadas, donde entregó detalles de la intervención realizada en el sector conocido como Puente Amarillo, uno de los puntos afectados por la presencia de actividades de minería ilegal.
De acuerdo con la mandataria, el procedimiento fue el resultado de una preparación que tomó varios meses y que contó con la participación coordinada de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y distintas instituciones del Estado. El objetivo era recuperar el control del territorio, retirar los asentamientos utilizados para la explotación ilícita de oro y frenar las afectaciones ambientales que se venían registrando en esta zona del departamento.
Más de 1.000 personas salieron de Ataco en medio de los operativos
La gobernadora explicó que la salida de las personas que participaban en la minería ilegal se desarrolló en diferentes jornadas. Entre el domingo y el martes anteriores a la intervención principal, cerca de 500 personas abandonaron el municipio de Ataco, mientras que el viernes salieron otras 500.
Para facilitar el traslado, las autoridades dispusieron buses que llevaron a estas personas hacia ciudades como Cali y Medellín, teniendo en cuenta que, según la administración departamental, no eran habitantes originarios del territorio.
La operación permitió retirar a quienes permanecían en los puntos de extracción ilegal y avanzar en la recuperación de los espacios ocupados por esta actividad.
“Entre el domingo y el martes salieron casi 500 personas del municipio de Ataco y ayer salieron otras 500 personas. En los buses que nosotros dispusimos salieron para Cali, para Medellín y hasta allá llegaron esas personas que no son de nuestro territorio, que estaban haciendo extracción ilegal acá, pero todavía ese problema sigue”, manifestó Adriana Magali Matiz.
La mandataria también indicó que alrededor de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de diferentes entidades estatales participaron en el despliegue institucional, que incluyó el desalojo de los asentamientos, la destrucción de cambuches y el retiro de las conexiones eléctricas instaladas en el sector.
Intimidaciones y ataques durante el desalojo de la minería ilegal
Aunque el procedimiento terminó sin personas lesionadas durante el desalojo, la intervención estuvo acompañada de situaciones de riesgo para los uniformados que participaron en el operativo.
Según el relato de la gobernadora, durante los días de intervención se presentaron intimidaciones que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, estarían relacionadas con las disidencias de las Farc. Entre los hechos reportados se encuentran ataques con artefactos explosivos, algunos de ellos lanzados mediante drones contra instalaciones y personal de la Policía Nacional.
Matiz señaló que uno de estos elementos fue dirigido contra la estación de Policía y que posteriormente se registró otro ataque contra integrantes de la institución durante la noche.
La gobernadora confirmó que los uniformados afectados recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro asistencial de Ibagué. Según indicó, se encontraban fuera de peligro.
“Gracias a Dios se llevó a cabo esa operación, a pesar de que trataron de intimidarnos y nos lanzaron unos artefactos explosivos en la Estación de Policía. Por la noche, también, a unos integrantes de la Policía Nacional les lanzaron otro artefacto explosivo; gracias a Dios, están bien en un hospital en Ibagué”, expresó.
La presencia de grupos armados ilegales representa uno de los principales obstáculos para combatir la explotación ilícita de oro en esta región del Tolima, debido a los riesgos que enfrentan las autoridades y a las estructuras criminales que pueden estar detrás de estas economías ilegales.
El daño ambiental en los ríos Saldaña y Atá preocupa a las autoridades
Más allá de los resultados operativos, uno de los aspectos que más preocupa a la administración departamental son las consecuencias ambientales que habría dejado la extracción ilegal de oro en las fuentes hídricas del sur del Tolima.
La gobernadora calificó como incalculables los daños ocasionados al río Saldaña y manifestó su preocupación por las condiciones en las que quedaron los afluentes después de la actividad minera.
La explotación ilegal de oro puede generar alteraciones en los cauces, remoción de sedimentos, pérdida de vegetación y contaminación del agua, dependiendo de los métodos utilizados. Estas afectaciones pueden comprometer los ecosistemas acuáticos y las condiciones ambientales de las comunidades que dependen de los ríos.
Durante su visita, Matiz expresó que el impacto sobre la naturaleza es una de las consecuencias más graves de esta problemática y que recuperar los ecosistemas afectados representa un desafío para las autoridades ambientales.
“Tengo que confesarles que le preguntaba a Dios, creo que la naturaleza debe estar muy brava con nosotros porque el daño que le hemos causado ha sido enorme, enorme. El daño que se le ha causado al río Saldaña es incalculable”, afirmó la gobernadora.
La situación también pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en acciones de recuperación ambiental, seguimiento a las fuentes hídricas y vigilancia permanente para evitar que los puntos intervenidos vuelvan a ser ocupados por estructuras dedicadas a la minería ilegal.
La minería ilegal sigue siendo un desafío para el sur del Tolima
Pese a la salida de más de 1.000 personas y la recuperación del sector de Puente Amarillo, la gobernadora advirtió que el problema no está completamente solucionado.
La mandataria reconoció que combatir la extracción ilegal de oro en Ataco y otros sectores del sur del departamento es una tarea compleja, especialmente por la posible participación de grupos armados ilegales en las economías que se desarrollan alrededor de esta actividad.
Por esta razón, el operativo representa una primera intervención dentro de un problema que requiere continuidad institucional, presencia de la Fuerza Pública y medidas para impedir el retorno de los asentamientos de minería ilegal.
La intervención también deja como prioridad la protección de los ríos Atá y Saldaña, dos fuentes hídricas fundamentales para el sur del Tolima, cuya conservación resulta necesaria para las comunidades y los ecosistemas de la región.
La Gobernación del Tolima destacó que el procedimiento se realizó sin lesionados durante el desalojo y con respeto por los derechos humanos, pese a las amenazas registradas. Sin embargo, el reto ahora será mantener el control territorial, evitar la reactivación de la explotación ilícita y avanzar en la recuperación ambiental de los sectores afectados.
La salida de más de 1.000 personas marca un resultado inmediato de los operativos en Ataco, pero la protección de los ríos y la lucha contra las economías ilegales seguirán siendo asuntos prioritarios para las autoridades del departamento.
