Un juez de control de garantías envió a prisión a una mujer de 22 años, investigada por la muerte de su hija de apenas seis meses de edad, ocurrida el pasado 27 de mayo en una clínica de Ibagué.
La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos de prueba que indicarían que la menor “no recibió atención médica oportuna pese al grave deterioro de su estado de salud”.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la bebé presentó durante varios días “congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión”, síntomas que evidenciaban una condición médica delicada.
Sin embargo, según el ente acusador, la menor no fue llevada de manera inmediata a recibir atención especializada, situación que habría permitido el avance de una “neumonía que comprometió gravemente su pulmón derecho”.
Las labores investigativas realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional permitieron establecer que la mujer presuntamente incumplió su deber de cuidado y protección frente a la niña.
La investigación señala que solo hasta el 26 de mayo la menor fue trasladada a un centro asistencial de El Espinal, desde donde debió ser remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué debido a la gravedad de su estado.
Pese a los esfuerzos médicos, “la bebé falleció un día después como consecuencia de las complicaciones derivadas de su cuadro clínico”, según la información revelada por la Fiscalía.
Por estos hechos, el ente acusador imputó a la mujer el delito de “homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual”, al considerar que tenía la obligación legal de proteger a la menor y gestionar la atención médica necesaria para preservar su vida.
La procesada “no aceptó los cargos” durante las audiencias preliminares.
Tras evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía, el juez determinó imponer “medida de aseguramiento en centro carcelario”, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.
El caso ha generado conmoción en el Tolima y reabre el debate sobre la responsabilidad de los cuidadores frente a la protección integral y atención oportuna de los menores de edad.