La defensa ambiental de Cajamarca vuelve a tomar fuerza ante las acciones legales emprendidas por Mineros Tolima S.A. para buscar la nulidad del acuerdo municipal relacionado con la protección del territorio frente a la actividad minera. Las organizaciones ambientales del municipio aseguran que mantendrán su estrategia jurídica para hacer respetar las decisiones adoptadas por la comunidad y evitar que avance la explotación de oro en esta zona del departamento del Tolima.
Así lo manifestó Robinson Mejía, representante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), quien explicó que la principal ruta de las organizaciones consiste en lograr la implementación de los resultados de la consulta popular y defender los instrumentos jurídicos que respaldan la protección ambiental del municipio.
El pronunciamiento se produce en medio de la controversia por el proyecto minero La Colosa y las pretensiones de la compañía de dejar sin efecto el acuerdo municipal aprobado mediante una iniciativa popular normativa. Este mecanismo se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión sobre el futuro de la minería en Cajamarca, municipio reconocido por su actividad agrícola y su importancia ambiental.
Cosajuca busca la caducidad del contrato minero de La Colosa
Uno de los principales objetivos de las organizaciones ambientales de Cajamarca es conseguir que se declare la caducidad del contrato de concesión minera que todavía mantiene la compañía, además de avanzar en la terminación de los permisos relacionados con la sustracción de áreas de reserva forestal.
Durante la entrevista, Robinson Mejía explicó que la empresa conserva un permiso de sustracción de reserva forestal vigente, luego de que dos de los tres permisos que tenía fueran terminados. Por esta razón, la comunidad mantiene su atención en las herramientas que le permiten la legislación colombiana y la Constitución para controvertir la continuidad de las autorizaciones y del contrato minero.
Según el representante de Cosajuca, las organizaciones también han conseguido resultados en otros frentes administrativos. Entre ellos mencionó la terminación de concesiones de agua, las restricciones para tramitar nuevas solicitudes de sustracción de reserva forestal ante el Ministerio de Ambiente y la apertura de procesos sancionatorios ambientales contra la compañía.
La comunidad espera que las autoridades competentes resuelvan de fondo las actuaciones pendientes. Para los ambientalistas, estas decisiones son determinantes en la defensa del territorio y en la discusión sobre la viabilidad de continuar con las actividades asociadas al proyecto La Colosa.
Audiencia de conciliación terminó sin acuerdo entre Cajamarca y Mineros Tolima
Otro de los episodios recientes en la controversia por la minería en Cajamarca fue la audiencia de conciliación entre la empresa y las autoridades municipales, realizada en el marco de las pretensiones de nulidad del acuerdo local.
De acuerdo con Robinson Mejía, la diligencia duró aproximadamente 14 minutos y terminó sin conciliación, debido a que ninguna de las partes manifestó disposición para alcanzar un acuerdo sobre las pretensiones planteadas.
Durante la audiencia, el apoderado de Mineros Tolima S.A. expuso la intención de obtener la nulidad del acuerdo, mientras que la representante jurídica del municipio, Lina María Asamurcia, sostuvo que la administración no accedería a esas solicitudes.
Mejía explicó que la posición de la representación municipal se fundamentó, entre otros argumentos, en que el municipio no tendría competencia para declarar por sí mismo la nulidad de un acto administrativo de estas características y en que el acuerdo surgió de una iniciativa popular normativa impulsada por la ciudadanía.
Al no prosperar la conciliación, la diligencia fue declarada fallida y se suscribió el acta correspondiente. El procedimiento no resolvió por sí mismo la controversia jurídica, por lo que el futuro del acuerdo dependerá de las actuaciones que se adelanten ante las instancias competentes.
Este escenario mantiene abierta la discusión sobre el alcance del acuerdo municipal, las facultades de las autoridades locales y los mecanismos legales que pueden utilizarse para defender o controvertir las decisiones relacionadas con la protección del territorio.
Cosajuca pide decisiones de fondo a Cortolima
En la entrevista, el representante ambiental también se refirió al papel de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y de la Gobernación del Tolima frente al proyecto minero.
Mejía señaló que Cortolima mantiene dos procesos sancionatorios pendientes de resolución, los cuales, según indicó, llevan aproximadamente cuatro y dos años desde su apertura. Por esta razón, las organizaciones esperan que la autoridad ambiental adopte decisiones de fondo en el marco del debido proceso.
El vocero aclaró que el proyecto llevaba más de ocho años sin actividad, situación que, a su juicio, ayuda a explicar la ausencia de pronunciamientos recientes de algunas autoridades sobre su desarrollo.
En cuanto a la Gobernación del Tolima, destacó que, entre marzo y abril de 2026, la administración departamental tuvo la posibilidad de remitir el acuerdo municipal al Tribunal Administrativo del Tolima para su revisión, pero decidió no hacerlo después de que su oficina jurídica considerara que la disposición se ajustaba a las normas y leyes.
Para Cosajuca, esta actuación constituye un antecedente relevante dentro de la defensa jurídica del acuerdo. Sin embargo, las organizaciones mantienen su atención en las decisiones que puedan tomar las autoridades departamentales y nacionales frente a la política minera y ambiental.
Organizaciones internacionales ofrecen apoyo a Cajamarca
La controversia por La Colosa también ha generado nuevas manifestaciones de respaldo a las comunidades que defienden el territorio. Según Robinson Mejía, después de la reactivación de las intenciones de explotación aurífera, diferentes organizaciones nacionales e internacionales se han comunicado con los ambientalistas para ofrecer acompañamiento.
El apoyo anunciado contempla asistencia jurídica y técnica, herramientas que las organizaciones consideran importantes para enfrentar los procedimientos legales y administrativos relacionados con el proyecto minero.
Aunque Mejía no reveló los nombres de las entidades interesadas, señaló que entre ellas se encuentran organizaciones no gubernamentales internacionales y universidades reconocidas. Explicó que prefieren mantener en reserva sus identidades hasta que se concreten acciones específicas de acompañamiento.
El representante de Cosajuca sostuvo que estos respaldos podrían ser relevantes no solamente para Cajamarca, sino también para otras comunidades del Tolima que mantienen discusiones sobre la protección ambiental y las decisiones del Gobierno Nacional relacionadas con actividades extractivas.
Durante la conversación, además, expresó preocupación por las propuestas nacionales relacionadas con minerales críticos y por posibles cambios en instrumentos de protección ambiental que, según advirtió, podrían tener repercusiones en varios municipios del departamento.
Estas afirmaciones corresponden a la posición del vocero ambiental y se enmarcan en el debate sobre el equilibrio entre las políticas mineras, la autonomía territorial y la conservación de los ecosistemas.
La Colosa mantiene abierto el debate sobre el futuro ambiental de Cajamarca
El caso del proyecto La Colosa continúa siendo uno de los principales referentes de la discusión sobre minería y protección ambiental en el Tolima. La disputa reúne intereses empresariales, decisiones administrativas, procedimientos judiciales y la posición de comunidades que buscan preservar las condiciones ambientales de su territorio.
Para Cosajuca, la prioridad es agotar las herramientas jurídicas disponibles, conseguir decisiones definitivas sobre los permisos y procesos pendientes y defender los resultados de los mecanismos de participación ciudadana.
Mientras tanto, la controversia por la legalidad y los alcances del acuerdo municipal continúa abierta. La audiencia de conciliación fallida representa un nuevo capítulo en el proceso, pero no significa que las pretensiones de la empresa hayan sido resueltas de manera definitiva.
El desenlace de las actuaciones jurídicas y ambientales será determinante para establecer los próximos pasos del proyecto minero y el alcance de las medidas de protección territorial en Cajamarca.
Por ahora, las organizaciones ambientales reiteran que mantendrán su defensa del municipio, con la expectativa de que las autoridades competentes resuelvan los procedimientos pendientes y se garantice el respeto por las normas ambientales y los mecanismos de participación de la ciudadanía.