Contexto nacional
En entrevista para la Alianza Informativa de PYC Televisión y La Voz del Tolima, el abogado especialista en derecho administrativo, Leonidas Torres Lugo, alertó sobre las graves consecuencias que está generando la actualización masiva de los avalúos catastrales en Colombia.
Según explicó, esta situación tiene su origen en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual ordenó reducir el rezago catastral mediante procesos generalizados en todo el país.
“Se hicieron avalúos desde un escritorio”
El experto fue enfático en señalar que el problema radica en la forma como se ejecutaron estas actualizaciones.
“Se hicieron unas actualizaciones automáticas, no producto de un proceso técnico con visitas y valoraciones reales, sino desde un escritorio, elevando exponencialmente el valor de los inmuebles”, afirmó Torres Lugo.
Estas decisiones, explicó, se materializaron a través de resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), generando incrementos que en algunos casos superan el 1.000%.
Impacto directo al bolsillo de los ciudadanos
Uno de los efectos más inmediatos es el incremento del impuesto predial, que tiene como base el avalúo catastral.
“El impuesto predial se eleva a límites impagables para los ciudadanos, como ya se está evidenciando en los recibos que están llegando”, advirtió el jurista.
Incluso, citó casos en municipios del Tolima donde predios que estaban avaluados en 100 millones de pesos pasaron a tener valores cercanos a 1.700 millones.
“Los volvieron ricos por decreto”
Torres Lugo explicó que, aunque en apariencia los propietarios podrían pensar que su patrimonio aumentó, la realidad es distinta.
“A muchos campesinos se les hizo ricos por decreto, pero eso trae consecuencias lesivas, porque deben pagar impuestos que no corresponden a su realidad económica”, señaló.
Esto no solo impacta el predial, sino también el impuesto al patrimonio, que se liquida con base en el valor total de los bienes.
Efectos en cadena: más impuestos y menos beneficios
El análisis también advierte consecuencias adicionales:
• Incremento del impuesto al patrimonio
• Posible exclusión de beneficios sociales como el Sisbén
• Aumento en costos notariales y de registro
• Impacto en la renta y transacciones de bienes
“Una persona puede terminar obligada a pagar impuestos como si fuera millonaria, sin tener liquidez real”, explicó.
Sin responsabilidad de alcaldes
Frente a las críticas hacia los mandatarios locales, el experto fue claro:
“Los alcaldes no tienen responsabilidad en este incremento. Esto deriva de una medida nacional que deben aplicar obligatoriamente”, precisó.
No obstante, indicó que los municipios podrían adoptar medidas temporales como descuentos o ajustes en tarifas para mitigar el impacto.
¿Hay solución?
Torres Lugo planteó que la salida estructural está en manos del Congreso de la República.
“Se requiere una nueva ley que cambie la base de cálculo del predial y no dependa directamente del avalúo catastral, como ocurrió con la Ley 1995 de 2019”, explicó.
También advirtió que, de no corregirse, el fenómeno podría derivar en escenarios cercanos a la expropiación.
“El impuesto puede volverse confiscatorio y obligar a los ciudadanos a vender o perder sus propiedades”, concluyó.
Panorama
El debate sigue abierto en el país, mientras crece la preocupación de ciudadanos, gremios y expertos por el impacto de estas decisiones en la economía familiar y el sector productivo, especialmente en las zonas rurales.