Un nuevo capítulo judicial se abrió para la Administración Municipal de Ibagué. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa Johana Aranda Rivera, al exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez y a otras tres personas por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal.
La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, luego de una investigación que habría evidenciado posibles anomalías en el proceso contractual adelantado en junio de 2024.
Además de la mandataria y del exsecretario de Gobierno, fueron imputadas Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Según la Fiscalía, el contrato habría sido direccionado hacia una empresa que no contaba con experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos, pese a que el objeto contractual exigía conocimientos específicos en esta actividad.
La investigación también sostiene que presuntamente se elaboraron estudios de mercado con valores alejados de las condiciones reales y que la selección de oferentes no habría garantizado la pluralidad necesaria dentro del proceso.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores tiene que ver con que las cotizaciones habrían sido solicitadas únicamente a dos contratistas cuyos representantes legales tendrían vínculos familiares.
De acuerdo con el ente acusador, el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, habría tenido un papel determinante en el proceso tras recibir la delegación del ordenamiento del gasto por parte de la Alcaldía.
Asimismo, la Fiscalía indicó que el contratista Ernesto Alfonso Quiroga presuntamente obtuvo cerca de 34,9 millones de pesos en sobrecostos, producto del supuesto direccionamiento contractual.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, de acuerdo con el grado de participación que habría tenido cada uno de los procesados.
Ninguno de los cinco imputados aceptó los cargos.
El caso continuará su curso en los estrados judiciales, donde la Fiscalía deberá demostrar las presuntas irregularidades que, según la investigación, comprometieron recursos públicos destinados al bienestar animal en la capital tolimense.