La Contraloría Municipal de Ibagué, liderada por Edna Margarita Murcia Mejía, ha revelado significativas irregularidades en la gestión de varios proyectos urbanísticos de la ciudad, tras la realización de una exhaustiva auditoría de cumplimiento. Los hallazgos ascienden a más de 71 mil millones de pesos en posibles detrimentos fiscales, que podrían acarrear consecuencias disciplinarias, penales y fiscales para los responsables.
En cumplimiento de su plan de vigilancia, la Contraloría inició una auditoría dirigida a la, Administración Central y al Banco Inmobiliario de Ibagué, (Gestora Urbana) enfocada en verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y evaluar la economía, eficacia y eficiencia de la gestión fiscal. La auditoría se centró específicamente en los predios recibidos en cesión por el municipio como parte de las obligaciones de los urbanizadores en virtud de las licencias y cargas urbanísticas.
Durante la investigación, que abarcó las vigencias de 2019 a 2023, se revisaron un total de 87 licencias urbanísticas, cubriendo modalidades como saneamiento, reurbanización y urbanismo. El equipo auditor evidenció que “el municipio de Ibagué no ha ejercido la vigilancia y control adecuados durante la ejecución de las obras”, lo que ha impedido la verificación del cumplimiento de las cargas urbanísticas impuestas a los desarrolladores. Asimismo, la Contraloría señala que “no se han aplicado las medidas correctivas establecidas por la normativa para garantizar la entrega jurídica y material de las zonas en cesión al municipio”.
Las áreas de cesión obligatoria gratuita son definidas por la ley como espacios que los desarrolladores deben entregar al municipio sin costo, destinados a satisfacer necesidades urbanas colectivas que trascienden los intereses individuales de los habitantes. Estas áreas incluyen zonas para circulación peatonal y vehicular, parques, plazas, zonas verdes y espacios necesarios para la instalación y mantenimiento de servicios públicos básicos. Constituyen una contraprestación de los propietarios por la plusvalía generada a partir de las actuaciones urbanísticas y son fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo urbano y el bienestar de la comunidad, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley colombiana.
Entre los casos más destacados identificados en la auditoría se encuentran:
- Proyecto Urbanístico Santa Inés: El municipio no ha recibido en cesión las zonas de equipamiento, parques y áreas verdes correspondientes a este proyecto, las cuales suman más de 17 mil metros cuadrados con un valor estimado superior a 5 mil millones de pesos.
- Plan Parcial El Zorro: En este proyecto, ubicado en la ciudad de Ibagué, los constructores no han transferido al municipio las zonas públicas que abarcan más de 35 mil metros cuadrados, valorados en más de 10 mil millones de pesos.
- Plan Parcial Santa Cruz, etapas tres, sexta y séptima: El municipio no ha recibido las transferencias correspondientes ni ha llevado a cabo la vigilancia y control necesarios, afectando un área de más de 35 mil metros cuadrados con un valor superior a 10 mil millones de pesos.
Otros proyectos como la urbanización Vuelta de la Onda y el proyecto urbanístico Ciudad Alminar también presentan incumplimientos similares, evidenciando una problemática sistemática en la gestión y control de las cesiones obligatorias.
Estos hallazgos administrativos incluyen seis con presunta incidencia disciplinaria, seis con presunta incidencia penal y siete con presunta incidencia fiscal, lo que ha llevado a la Contraloría a alertar a las autoridades competentes para que se tomen las acciones correctivas necesarias y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Edna Margarita Murcia Mejía, Contralora Municipal de Ibagué, manifestó su preocupación ante estas irregularidades y reiteró el compromiso de la entidad con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. “Esta auditoría de cumplimiento ha permitido descubrir una serie de incumplimientos que deben ser corregidos de inmediato para evitar mayores perjuicios al municipio y a sus ciudadanos”, concluyó Murcia Mejía.
La Contraloría Municipal continuará realizando seguimiento a estos casos y trabajando conjuntamente con las autoridades pertinentes para asegurar que se restablezca el orden y se cumpla con las normativas establecidas, garantizando así el desarrollo sostenible y equilibrado de la ciudad de Ibagué.
