A pocos días del inicio de las festividades de San Juan y San Pedro, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) encendió las alertas por la construcción irregular de una corraleja en el municipio del Guamo, donde un empresario utilizó madera sin permisos legales ni estudios técnicos que garanticen la seguridad de los asistentes.
Así lo denunció Óscar Eduardo Tafur Villarreal, jefe de la Oficina Territorial Suroriente de Cortolima, quien reveló que, tras una denuncia anónima, se evidenció el uso de madera desmontada sin autorización para levantar los palcos donde se desarrollarían estos eventos de asistencia masiva.
“El empresario no contaba con los permisos para la construcción. Se ordenó la aprehensión de la madera, pero su personal impidió el retiro del material”, explicó Tafur.
Obras suspendidas por riesgo
Cortolima desplegó un equipo conformado por tres ingenieros forestales, acompañados de la personera municipal y el comandante de estación de Policía. En el sitio confirmaron que la intervención forestal no tenía autorización, lo cual motivó la apertura de un proceso sancionatorio y la imposición de una medida preventiva.
Aunque la Corporación ordenó la aprehensión del material forestal y suspendió las obras, el empresario obstaculizó el procedimiento. Finalmente, parte del material fue llevado a la bodega de Santa Lucía, mientras que la construcción fue sellada y se mantiene vigilada por una empresa de seguridad privada.
“Queremos decirle a la comunidad que Cortolima no se opone a las fiestas ni al empleo, pero sí exige que se cumpla la ley ambiental para salvaguardar la integridad de todos”, señaló el funcionario.
Una tragedia que no debe repetirse
El llamado de Cortolima llega con el recuerdo aún latente de la tragedia ocurrida en El Espinal en 2022, cuando una tribuna colapsó en medio de una corraleja, dejando seis muertos y más de 300 heridos. Las investigaciones revelaron que el escenario había sido construido sin garantías técnicas ni supervisión adecuada.
“No se puede permitir que se repitan hechos como los de El Espinal. Los alcaldes deben actuar con responsabilidad y exigir cumplimiento estricto de las normas”, insistió Tafur.
Llamado a los mandatarios locales
Cortolima hizo un llamado a los alcaldes que permiten estas actividades: autorizar una corraleja sin verificar que los escenarios estén construidos legalmente es una grave omisión que pone vidas en riesgo.
La Corporación recordó que está actuando en el marco de la Ley 1333 de 2009, que regula las sanciones ambientales, y reiteró que su labor no es frenar la cultura, sino asegurar que se desarrolle sin poner en riesgo a la ciudadanía ni al medio ambiente.
