Con tono firme y visiblemente indignada, la representante a la Cámara por el partido Liberal, Olga Beatriz González, denunció públicamente una campaña interna de persecución, desprestigio y violencia política en su contra por parte del diputado Carlos Reyes y el concejal de Ibagué Javier Mora.
“Me quieren sacar, me quieren destruir como mujer, como congresista y como liberal”, afirmó. Según la parlamentaria, existe una estrategia sistemática dentro del partido para hacerla a un lado, minimizar su trabajo y desinformar a la opinión pública. “Me han querido llevar a la más mínima expresión humana, al desprecio total, vulnerando mi dignidad como congresista, como mujer y como ser humano”, expresó.
González denunció que las agresiones han trascendido lo político y se han convertido en ataques personales. “Se han metido con mis hijos, con mi esposo, han utilizado redes, medios y entrevistas solo para hacerme daño”, dijo.
Además, aseguró que no tolerará más abusos. “Yo no voy a soportar que sigan mintiendo todo el tiempo por buscar sus propios intereses. Hay una ley que nos protege a las mujeres en la política, y la voy a hacer valer”, advirtió.
Acusó directamente a Carlos Reyes y Javier Mora de actuar en contra del liberalismo mientras mantienen curules en su nombre. “Sus acciones no demuestran que sean auténticos liberales. Andan de pueblo en pueblo desprestigiando al partido y diciendo que está acabado”, aseguró.
Ante estas declaraciones, el concejal Javier Mora respondió rechazando las acusaciones. “Rechazamos con firmeza las acusaciones de violencia política de género. Nunca hemos recurrido a descalificaciones personales, a improperios ni a afectar su dignidad como ser humano o como mujer. Jamás”, manifestó.
Mora también expresó su preocupación por lo que considera una tergiversación de la Ley 2453, que protege la participación política de las mujeres. “Nos preocupa muchísimo que ahora la opinión política legítima sea tergiversada como violencia política de género. Ese no es el espíritu de la ley”, dijo, señalando que han opinado “siempre con respeto y dentro del marco institucional”.
Finalmente, el concejal subrayó: “Tenemos derecho constitucional y legal a opinar sobre la gestión de cualquier dirigente. Nos preocupa que se intente usar la ley para silenciar la disidencia política”.
La controversia deja en evidencia una fractura profunda dentro del liberalismo tolimense, con acusaciones cruzadas y visiones opuestas sobre el liderazgo, la gestión y el respeto entre copartidarios.
