La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) anunció la revocatoria de un millonario proceso de contratación para la modernización de redes de acueducto y alcantarillado, proceso que fue dejado en curso por la exgerente Erika Palma y que ahora frenó el nuevo gerente, Roberto Santofimio Varón, tras advertencias de la Procuraduría General de la Nación.
El contrato, valorado en $34.288 millones de pesos, hace parte del programa ‘Combo 3×1’ liderado por la Alcaldía de Ibagué, bajo la administración de Johana Ximena Aranda. La licitación, que incluía obras de reposición de redes y pavimentación vial en la zona urbana, estaba programada para ser adjudicada el 13 de agosto, pero fue detenida para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
El procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, emitió un informe en el que advierte la ausencia de cláusulas que promuevan la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 28 años, incumpliendo normativas vigentes, y señala omisiones en la aplicación de documentos tipo dentro del pliego de condiciones.
El IBAL afirmó que la revocatoria responde a razones de interés público y social y que se revisarán y corregirán los aspectos técnicos y jurídicos antes de una posible reapertura del proceso. Actualmente, 22 proponentes habían presentado ofertas para el contrato.
Este giro en el proceso representa un reto para el programa de renovación urbana de Ibagué, pero las autoridades reiteran su compromiso con la transparencia y la legalidad en la ejecución de estos proyectos.
