La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), decisión que retira de manera temporal el control de la entidad a la Alcaldía Municipal. La medida, considerada drástica por varios sectores, se produjo tras una serie de hallazgos sobre fallas en la prestación del servicio, problemas financieros y denuncias de presunta corrupción.
El concejal conservador Jorge Bolívar, uno de los principales denunciantes, aseguró en entrevista a la Alianza Informativa de PYC Noticias y la Voz del Tolima, que la intervención confirma las advertencias que había elevado ante la administración local y el Concejo de Ibagué.
Según Bolívar, en un debate realizado hace cuatro meses presentó evidencias de presuntas prácticas de corrupción dentro de la USI, entre ellas el pago de nóminas sobredimensionadas y la contratación de personal que, según afirmó, “no estaba cumpliendo funciones reales”. “El 70% de los ingresos se iba en personal, y muchos contratados casi no iban a firmar planillas, los utilizaban para actividades distintas a las contratadas”, señaló.
También denunció presunta contratación con fines politiqueros, asegurando que se vinculaba personal no residente en Ibagué “para favorecer campañas a la Cámara” que se aproximan.
El concejal añadió que la crisis asistencial era evidente: la entidad no contaba con equipos esenciales como rayos X, ni laboratorios en varias sedes, lo que obligaba a trasladar muestras en motocicleta hacia el centro asistencial de San Francisco, demorando exámenes que podrían resolverse en menos de una hora. También mencionó la falta de ambulancias, afectando a más de 180.000 usuarios.
Bolívar afirmó que estas situaciones se sumaban a un creciente déficit financiero en 2022, 2023, 2024 y que probablemente se repetiría en 2025. “Lo que demostramos es que la plata de la salud no estaba siendo utilizada para la salud de los ibaguereños, sino para hacer politiquería. Por eso hoy la Superintendencia toma el control”, declaró.
La Alcaldía de Ibagué, por su parte, emitió un comunicado breve en el que manifestó “total disposición para colaborar con la Superintendencia, el agente interventor y los equipos técnicos que asuman la administración temporal”.
Sin embargo, el concejal insistió en que la intervención constituye un “castigo a la administración” por lo que describe como presuntos malos manejos.
Frente a quienes aseguran que la decisión sería un acto político del Gobierno Nacional, Bolívar rechazó esa interpretación: “Yo soy oposición del Gobierno Nacional, no tengo interés político en esta decisión, aquí lo claro es que había corrupción y que al menos una entidad nacional miró hacia Ibagué para frenar ese malgasto”.
La intervención designó un gerente interventor, quien deberá presentar un plan de choque en los próximos 30 días con el fin de reorganizar la USI, mejorar la prestación del servicio y ejecutar recursos que, según Bolívar, llevan años sin utilizarse para obras como la Unidad Intermedia del Salado o el centro de salud de Topacio.
