La esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo está cerca del poder: lo ejerce con una intensidad que muchos en el sector consideran desbordada. Beatriz Gómez Consuegra, médica de profesión, es actualmente la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, un cargo de alto nivel dentro de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que, paradójicamente, está adscrita al Ministerio que dirige su esposo. Esto ha despertado múltiples alertas sobre una posible situación de nepotismo y concentración de poder en una pareja que, según testimonios, gobierna con mano dura y en tándem.
El caso que destapó el escándalo involucra un millonario proyecto: un buque hospital para atender comunidades apartadas del Amazonas, con un presupuesto anunciado de 55.000 millones de pesos. Aunque el Ministerio de Salud –y no la Superintendencia– era el responsable de liderar la ejecución, la delegada Gómez Consuegra empezó a intervenir directamente en las decisiones del proyecto, ejerciendo presiones indebidas sobre los funcionarios encargados.
Las dificultades para concretar el proyecto comenzaron con retrasos en la aprobación fiscal departamental, errores administrativos del propio Ministerio de Salud y un incremento inesperado en los costos de construcción y transporte del buque por parte del astillero Cotecmar. A esto se sumaron las objeciones de las comunidades indígenas, que interpusieron una tutela por falta de consulta previa, y la negativa de la Gobernación del Amazonas a respaldar el proyecto sin contar con los recursos operativos asegurados.
Ante ese panorama, Lina Baracaldo, agente interventora del hospital San Rafael de Leticia, junto con el asesor jurídico Mario Castro, recomendó frenar la firma del convenio hasta que se garantizaran los recursos necesarios para evitar que el buque hospital se convirtiera en un “elefante blanco”. Sin embargo, la respuesta desde la Superintendencia fue una llamada cargada de amenazas.
El jueves 27 de marzo, Beatriz Gómez Consuegra llamó al abogado Castro para exigir la firma inmediata del contrato, bajo la amenaza de solicitar la renuncia de quienes no acataran su orden. La conversación fue grabada por los funcionarios y revela un tono autoritario, despectivo y cargado de presiones ilegales. En la llamada también participaron Mónica González, directora de medidas especiales de la Supersalud, y la contratista Nayith Arango.
Consultada por el periodista Daniel Coronell, la doctora Gómez negó la existencia de dicha conversación, aseguró que nunca sucedió y que el proyecto era responsabilidad exclusiva del Ministerio. Sin embargo, cuando se le reprodujo un fragmento del audio, afirmó no reconocer su voz, aunque esta coincidía plenamente con la que minutos antes había usado durante la entrevista.
La consecuencia de no ceder a las presiones fue inmediata. Cuatro días después de la llamada, el 1 de abril, la Superintendencia de Salud removió del cargo a Lina Baracaldo mediante una resolución firmada por el superintendente Helver Guiovanni Rubiano. En su reemplazo fue nombrada Dennis Amparo Vásquez Arias, persona cercana a un político del Tolima, tierra natal del ministro Jaramillo.
Este caso no solo pone en entredicho la legalidad de las actuaciones de la superintendente delegada, sino que también revive los fantasmas del nepotismo, el autoritarismo administrativo y el uso indebido del poder en una de las carteras más sensibles del país. Mientras la salud de millones de colombianos depende de decisiones técnicas y prudentes, en los altos despachos parece que manda más el apellido que la ley.
