La Gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, fue sancionada con dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes (SMLV) tras ser hallada en incumplimiento de una acción de tutela que ordenaba la restitución de los derechos laborales y sociales de la docente Diana Magaly Muñiz Orjuela, quien labora en la Institución Educativa Las Risaldas, sede Chontaduro, en el municipio de Chaparral.
Este incidente de desacato fue impulsado por el abogado Gernán Huartos, miembro del equipo jurídico de SUTET SIMATOL, quien representó a la docente Muñiz Orjuela en este proceso legal. La decisión fue tomada por el Juez 2º Penal Municipal con Funciones de Garantía, Álvaro Piedrahíta, quien dictó la sanción el pasado 8 de mayo de 2025.
La acción de tutela, presentada el 20 de marzo de 2025, estableció que la Gobernadora del Tolima debía reubicar a la docente, que es madre cabeza de familia y parte del programa PDET (Posconflicto). El fallo tenía como objetivo garantizar “la educación de su hija mayor” y el “acceso a los servicios de salud para su hija menor“, dos derechos fundamentales de los cuales se le estaba privando. Sin embargo, el acto administrativo emitido por la Gobernación del Tolima cumplió solo parcialmente con la orden judicial, ya que garantizó únicamente el “acceso a la educación secundaria de la hija mayor“, pero no la cobertura de los servicios de salud para la hija menor, lo que llevó a la imposición de la sanción.
“El incumplimiento de la orden judicial motivó la solicitud de iniciar un incidente de desacato”, explicó el abogado Huartos, quien destacó que “la falta de cumplimiento total a la tutela por parte de la Gobernadora condujo a la sanción por desacato”. De esta forma, el Juez Piedrahíta determinó que se impusiera la multa de dos salarios mínimos y el arresto de dos días, además de ordenar la compulsación de copias penales por fraude a resolución judicial.
La decisión tomada por el Juez 2º Penal Municipal es susceptible de ser consultada ante el tribunal superior, sin embargo, “marca un precedente importante en la defensa de los derechos laborales y sociales de los docentes en el departamento”, subrayaron desde la organización jurídica que representa a la docente.
Desde SUTET SIMATOL, el abogado Huartos y su equipo han expresado su satisfacción con la sanción, resaltando que este fallo reafirma la “importancia de que las autoridades cumplan con las decisiones judiciales para proteger los derechos de los trabajadores”. Además, reiteraron el compromiso de “acompañar a los docentes en la defensa de sus derechos laborales y sociales” en situaciones similares.
Este caso es uno de los dos que han dado origen a trámites constitucionales en el Tolima, donde “la oficina jurídica de SUTET SIMATOL continúa trabajando para garantizar el respeto de los derechos de los docentes ante las autoridades y entes territoriales”, concluyó el comunicado de la organización.
