La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de El Espinal, Mauricio Ortiz Monroy, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la suscripción de dos contratos durante su administración, en febrero de 2016.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, los hechos se remontan a ese año, cuando Ortiz Monroy se desempeñaba como mandatario de este municipio del departamento del Tolima. La investigación está relacionada con la adjudicación de dos contratos que, según la Fiscalía, habrían presentado situaciones que podrían constituir una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Por los mismos hechos también fueron judicializados cuatro exfuncionarios que hicieron parte de la administración municipal. Se trata de Juan Guillermo Cardozo Rodríguez, quien para ese momento se desempeñaba como secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente; Miguel Ángel Carvajal Morales, entonces secretario General y de Gobierno; Lanny Yulieth Torres Rojas, quien ejercía como jefe de Contratación; e Ivonne Zulimar Forero Olaya, quien era directora administrativa de Turismo y Emprendimiento de la Alcaldía de El Espinal.
La Fiscalía también judicializó a los contratistas Alberto Moncaleano Betancourth y Winston Mauricio Forero Olaya, quienes estarían relacionados directamente con los contratos que son materia de investigación.
Los contratos investigados
Según la investigación, en febrero de 2016 fueron adjudicados dos contratos. El primero de ellos fue entregado a Alberto Moncaleano Betancourth, quien, de acuerdo con la Fiscalía, era esposo de Ivonne Zulimar Forero Olaya, funcionaria que para ese momento ocupaba el cargo de directora administrativa de Turismo y Emprendimiento.
El objeto de este contrato estaba relacionado con el apoyo a la gestión de maquinaria pesada en el municipio de El Espinal. La Fiscalía puso bajo la lupa el vínculo familiar existente entre el contratista y la funcionaria de la administración municipal.
El segundo contrato fue adjudicado a una empresa representada por Winston Mauricio Forero Olaya, quien, según la información de la Fiscalía, era hermano de la entonces directora administrativa de Turismo y Emprendimiento.
La investigación de la Fiscalía se concentra precisamente en estas relaciones y en las actuaciones adelantadas por los funcionarios que participaron en los procesos de contratación.
Presuntas irregularidades
De acuerdo con el ente investigador, los funcionarios involucrados presuntamente tenían conocimiento de las circunstancias que rodeaban a los contratistas y sus vínculos con funcionarios de la administración municipal.
Pese a ello, según la Fiscalía, los servidores públicos certificaron que los contratistas no estaban incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar los respectivos contratos con el municipio.
La Fiscalía señaló que esta actuación es uno de los elementos centrales de la investigación, al considerar que los funcionarios habrían certificado la ausencia de impedimentos pese a las relaciones existentes entre los contratistas y una integrante de la administración municipal.
La situación involucra tanto al exalcalde como a los exfuncionarios que participaron en diferentes áreas de la administración y a los dos contratistas vinculados a los procesos cuestionados.
Imputación de cargos
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los siete procesados el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
La Fiscalía precisó que ninguno de los procesados aceptó el cargo durante el desarrollo de la actuación judicial.
La judicialización no significa que los procesados hayan sido declarados culpables. El proceso continuará ante las autoridades judiciales correspondientes, en el marco de las actuaciones que permitan determinar las responsabilidades individuales frente a los hechos investigados.
Un proceso relacionado con contratos de 2016
Los hechos investigados corresponden a contratos que fueron adjudicados hace más de diez años, cuando Mauricio Ortiz Monroy estaba al frente de la Alcaldía de El Espinal.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se adelantaron los procesos contractuales y las actuaciones de los funcionarios que participaron en ellos. El punto señalado por la Fiscalía está relacionado con la presunta certificación de que los contratistas no tenían inhabilidades o incompatibilidades, pese a los vínculos familiares mencionados en la investigación.
En total, son siete personas judicializadas por estos hechos: el exalcalde Mauricio Ortiz Monroy, cuatro exfuncionarios de la administración municipal y los dos contratistas relacionados con los procesos de contratación.
El caso queda ahora en manos de la justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de cada uno de los procesados frente a las presuntas irregularidades detectadas por la Fiscalía.
