La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado a fortalecer las medidas de seguridad sobre la infraestructura estratégica de transmisión de energía eléctrica en el Tolima, luego de conocer los riesgos derivados de hechos de orden público registrados contra activos del sistema energético en el departamento.
El requerimiento preventivo fue dirigido a la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, el Departamento de Policía Tolima y la Sexta Brigada del Ejército Nacional, entidades a las que el Ministerio Público pidió información detallada sobre las acciones implementadas para proteger las torres de transmisión, prevenir nuevos ataques y garantizar la prestación de este servicio público esencial.
La intervención de la Procuraduría se produjo luego de recibir información de Enlaza Grupo Energía Bogotá S.A.S. E.S.P., empresa que reportó afectaciones de orden público contra activos estratégicos del sistema de transmisión eléctrica. De acuerdo con la información conocida por el ente de control, estos hechos no solo representan un riesgo para la infraestructura, sino también para la seguridad de los trabajadores y contratistas encargados de las labores de mantenimiento.
Uno de los casos que motivó el requerimiento corresponde al presunto atentado ocurrido el pasado 8 de mayo contra la Torre 185, ubicada en jurisdicción de Planadas, Tolima.
Según el reporte entregado a la Procuraduría, un artefacto explosivo habría afectado la estructura correspondiente a los circuitos Alférez–Tesalia 1 y 2, generando una situación de riesgo que obligó a la intervención de la Fuerza Pública para asegurar el área.
La situación también tuvo consecuencias sobre las labores de mantenimiento. Ante las condiciones de seguridad, el personal que se encontraba realizando actividades en la zona tuvo que ser evacuado hacia Neiva, mientras las autoridades adelantaban las acciones necesarias para garantizar la seguridad del sector.
Procuraduría pide respuestas a las autoridades
Frente a estos hechos, el Ministerio Público solicitó a las autoridades territoriales y a la Fuerza Pública información sobre las medidas que actualmente se están implementando para proteger la infraestructura eléctrica considerada estratégica para el departamento.
Entre los aspectos requeridos se encuentran las acciones de seguridad adoptadas en las zonas donde se encuentran ubicadas las torres de transmisión, así como los mecanismos de coordinación existentes entre las autoridades civiles, la Policía y el Ejército Nacional.
La Procuraduría también pidió conocer cuáles han sido los consejos de seguridad realizados para analizar la situación y qué estrategias se encuentran previstas para prevenir nuevos ataques contra la infraestructura energética.
El requerimiento busca establecer si existen protocolos suficientes para responder ante posibles amenazas y garantizar que las empresas encargadas de las labores de mantenimiento puedan desarrollar sus actividades sin poner en riesgo la integridad de sus trabajadores.
Para el Ministerio Público, la protección de este tipo de infraestructura resulta especialmente relevante debido a que cualquier afectación puede tener consecuencias que van más allá de los daños materiales y terminar comprometiendo la prestación de un servicio esencial para las comunidades.
Riesgo para la continuidad del servicio
La preocupación de las autoridades se concentra además en el impacto que podrían generar nuevos ataques sobre la continuidad del suministro eléctrico.
Las torres y líneas de transmisión forman parte de una infraestructura fundamental para transportar la energía hacia diferentes zonas del país. Por esta razón, daños sobre estos activos pueden generar interrupciones, afectar las labores de mantenimiento y aumentar los riesgos operativos para las empresas encargadas de garantizar el funcionamiento del sistema.
En el caso de Planadas, el antecedente del ataque contra la Torre 185 puso de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de infraestructura frente a hechos de orden público, especialmente en zonas donde las condiciones de seguridad pueden dificultar el ingreso de los equipos técnicos.
La Procuraduría busca que las autoridades adopten medidas preventivas y no únicamente reaccionen después de que ocurran nuevos hechos.
En ese sentido, el ente de control pidió conocer las estrategias diseñadas para anticiparse a posibles ataques, proteger a los trabajadores y contratistas y garantizar la operación de las redes de transmisión.
Coordinación entre Fuerza Pública y autoridades
Otro de los puntos centrales del requerimiento está relacionado con la coordinación institucional.
La Procuraduría solicitó información sobre las acciones conjuntas que vienen desarrollando las autoridades del Tolima, la Policía Nacional y el Ejército para garantizar la seguridad de los activos estratégicos.
La solicitud cobra relevancia debido a que, después del atentado, fue necesaria la presencia de la Fuerza Pública para asegurar el área y permitir el desarrollo de las labores correspondientes bajo condiciones controladas.
Para el Ministerio Público, contar con mecanismos de coordinación claros resulta fundamental para responder de manera rápida ante cualquier amenaza y reducir el riesgo de nuevos ataques.
También se busca garantizar que, ante una eventual emergencia, las empresas puedan activar protocolos de evacuación y protección para sus empleados y contratistas sin poner en riesgo sus vidas.
Un llamado preventivo
La actuación de la Procuraduría tiene carácter preventivo y busca que las autoridades informen sobre las medidas adoptadas frente a una situación que podría comprometer tanto la seguridad como la prestación de un servicio público esencial.
El Ministerio Público puso el foco en la necesidad de fortalecer la protección de la infraestructura crítica del sistema energético del Tolima y de establecer estrategias que permitan reducir las posibilidades de que se repitan hechos como el registrado en Planadas.
Mientras las autoridades entregan la información solicitada, el caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrentan las empresas responsables de operar y mantener las redes de transmisión eléctrica en zonas donde persisten riesgos asociados al orden público.
La prioridad, de acuerdo con el requerimiento, es evitar nuevos ataques, proteger la vida de quienes trabajan sobre estas estructuras y garantizar que el servicio de energía pueda mantenerse de manera continua para las comunidades del Tolima.
La Procuraduría continuará haciendo seguimiento a las respuestas de las autoridades y a las medidas que se adopten para proteger esta infraestructura considerada estratégica para el departamento.
