La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización del exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y otras siete personas por presuntas irregularidades en el proceso de selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60, uno de los proyectos de infraestructura vial de la capital del Tolima.
El caso está relacionado con el contrato de interventoría encargado de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones en este importante corredor vial de Ibagué.
De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, el contrato superó los $2.997 millones y estableció un plazo de ejecución de ocho meses. Sin embargo, las autoridades investigan presuntas inconsistencias en la selección del consorcio interventor y en los pagos realizados durante el desarrollo del proyecto.
La investigación se concentra, entre otros aspectos, en la aprobación de una propuesta que presuntamente habría presentado restricciones para contratar con el Estado y en el reconocimiento de desembolsos que, según los elementos recopilados por los investigadores, no corresponderían al porcentaje de avance de la construcción.
¿Cuáles son las presuntas irregularidades en el contrato del puente de la calle 60?
Uno de los principales elementos de la investigación tiene que ver con los pagos efectuados al consorcio encargado de la interventoría de las obras del puente de la calle 60 en Ibagué.
Según la Fiscalía, los desembolsos debían realizarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución del contrato de obra. No obstante, las labores de policía judicial habrían permitido establecer que al consorcio interventor se le reconocieron más de $1.000 millones cuando la construcción presentaba un avance inferior al 6 %.
Esta situación hace parte de los hechos que motivaron la imputación de cargos contra los ocho procesados, quienes habrían tenido diferentes responsabilidades en el procedimiento de contratación, la supervisión y la autorización de los pagos.
Otro de los puntos bajo investigación está relacionado con la selección del consorcio interventor. De acuerdo con el ente acusador, el comité evaluador jurídico, del que hacían parte dos asesoras de la Alcaldía, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado legalmente por Francisco José Restrepo Albarello, pese a que presuntamente estaría inhabilitado para contratar con el Estado.
La Fiscalía también señaló posibles omisiones en los controles que debían ejercerse durante el proceso contractual y en la ejecución de las obligaciones relacionadas con la interventoría.
Es importante precisar que los hechos mencionados corresponden a hipótesis de la investigación y señalamientos de la Fiscalía. La imputación de cargos no constituye por sí misma una condena judicial contra las personas procesadas.
¿Quiénes fueron judicializados junto al exalcalde de Ibagué?
Además de Andrés Fabián Hurtado Barrera, la Fiscalía vinculó al proceso a otras siete personas que, presuntamente, habrían intervenido en diferentes etapas del contrato de interventoría del puente de la calle 60.
Entre los procesados se encuentra Sharon Dayana Guzmán González, exsecretaria de Infraestructura de Ibagué, quien habría participado en la adjudicación del contrato y respaldado actuaciones que, según la investigación, habrían permitido realizar pagos contrarios a las condiciones pactadas.
También fueron procesados los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez. Según la Fiscalía, estos funcionarios presuntamente habrían supervisado, tramitado o avalado desembolsos sin adoptar las medidas que les correspondían para impedirlos.
En el caso de las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, la investigación señala su participación en el comité evaluador jurídico que habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio interventor.
Por su parte, Francisco José Restrepo Albarello, contratista y representante legal del consorcio, habría promovido cobros que, según el ente acusador, no corresponderían a las condiciones del contrato ni al desarrollo de la obra.
Frente al exalcalde Andrés Fabián Hurtado, la Fiscalía indicó que, en su condición de mandatario local, presuntamente habría omitido ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual.
Las responsabilidades individuales de los procesados deberán ser determinadas dentro del proceso judicial, con las garantías correspondientes y de acuerdo con las pruebas que sean examinadas por las autoridades competentes.
¿Qué delitos imputó la Fiscalía por el contrato de interventoría?
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló imputación de cargos a los ocho procesados, de acuerdo con la posible responsabilidad individual atribuida a cada uno.
Los delitos imputados, según el boletín oficial, incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Estas conductas están relacionadas, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, con el manejo de los recursos públicos, las decisiones adoptadas durante la contratación, las posibles omisiones en el ejercicio de funciones y las condiciones bajo las cuales se habría seleccionado al consorcio interventor.
La imputación se realizó teniendo en cuenta la posible participación de cada uno de los involucrados. Por esta razón, los señalamientos no deben interpretarse como si todos los procesados hubieran tenido necesariamente la misma intervención en cada una de las presuntas irregularidades.
El boletín oficial también precisa que ninguno de los ocho procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Investigación por el puente de la calle 60 de Ibagué
El proceso judicial pone nuevamente en el centro de la atención pública el contrato de interventoría relacionado con la construcción del puente elevado de la calle 60 y sus conexiones viales, un proyecto de infraestructura que forma parte de las obras destinadas a mejorar la movilidad en Ibagué.
La interventoría tiene como función realizar seguimiento y control al desarrollo de una obra, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y jurídicos.
Por ello, las presuntas irregularidades investigadas por la Fiscalía están relacionadas tanto con el procedimiento para seleccionar al consorcio encargado de esa labor como con los pagos que se habrían efectuado durante la ejecución del proyecto.
El monto del contrato, superior a los $2.997 millones, y los desembolsos que habrían superado los $1.000 millones cuando la obra registraba menos del 6 % de avance constituyen algunos de los datos centrales del caso.
La investigación busca establecer las posibles responsabilidades de los funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados al proceso contractual, a partir de las actuaciones que cada uno habría desarrollado.
Por ahora, el proceso continúa bajo el marco de las actuaciones judiciales correspondientes. Los ocho procesados no aceptaron los cargos y su responsabilidad penal deberá establecerse mediante las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
La información fue divulgada por la Fiscalía General de la Nación el 1 de octubre de 2026, en un boletín relacionado con la judicialización del exalcalde de Ibagué y otras siete personas por presuntas irregularidades en el contrato de interventoría del puente de la calle 60.
