Un caso relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública sacude al municipio de Ataco, en el sur del Tolima. La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del alcalde y el exalcalde de esta población, así como de una contratista, en medio de una investigación por posibles hechos de corrupción que comprometerían recursos del Sistema General de Regalías por más de 21.550 millones de pesos.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador el 29 de septiembre de 2026, las detenciones se realizaron tras recopilar elementos materiales probatorios que apuntarían a la posible participación de funcionarios, exfuncionarios y particulares en irregularidades relacionadas con contratos destinados a atender necesidades básicas de las comunidades rurales del municipio.
Los procedimientos fueron adelantados por servidores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, quienes hicieron efectivas las órdenes de captura en operativos realizados en Ataco, Tolima, y Florencia, Caquetá.
¿Por qué capturaron al alcalde y al exalcalde de Ataco?
La investigación está relacionada con un proyecto de infraestructura sanitaria que contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco, una iniciativa que debía contribuir a mejorar las condiciones de saneamiento básico de las comunidades campesinas.
Según la Fiscalía, las personas capturadas presuntamente se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos contratos de interventoría vinculados con la ejecución del proyecto.
Los contratos cuestionados fueron financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y, de acuerdo con el organismo judicial, fueron suscritos entre junio y agosto de 2022.
Uno de los aspectos centrales del caso es que, pese a la millonaria inversión prevista para la ejecución de las obras, el proyecto de construcción de las unidades sanitarias permanece inconcluso, según lo informado por la Fiscalía.
La investigación busca establecer la responsabilidad individual de los involucrados y determinar las circunstancias en las que se habría producido el presunto direccionamiento contractual.
Hasta el momento, el boletín oficial no detalla los porcentajes de ejecución de la obra, la cantidad exacta de baterías sanitarias construidas ni el monto específico que habría sido objeto de una posible apropiación irregular.
Contratos por $21.550 millones financiados con regalías
Los recursos comprometidos en el proyecto provienen del Sistema General de Regalías, mecanismo mediante el cual se financian iniciativas de inversión en las regiones del país.
En el caso de Ataco, la asignación de estos recursos estuvo relacionada con su inclusión en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para impulsar la transformación de zonas afectadas por el conflicto armado y atender necesidades históricas de sus comunidades.
Esta condición permitió que la administración municipal accediera a recursos de regalías a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz), con los cuales se suscribieron los contratos que ahora son objeto de investigación.
La destinación de estos dineros estaba relacionada con una necesidad concreta de las comunidades rurales: mejorar el acceso a infraestructura sanitaria.
Por eso, el estado inconcluso del proyecto constituye uno de los elementos relevantes del caso, pues la investigación se centra en contratos que tenían como propósito ejecutar obras de beneficio comunitario.
Sin embargo, es importante precisar que los 21.550 millones de pesos corresponden al valor informado para la financiación del proyecto. La Fiscalía no señala en su comunicado que la totalidad de ese monto haya sido apropiada ilegalmente ni establece una cifra definitiva de un posible detrimento patrimonial.
¿Qué delitos les imputaría la Fiscalía?
Tras las capturas, la Fiscalía General de la Nación anunció que presentará a los tres detenidos ante un juez de control de garantías.
Durante las audiencias correspondientes, el ente investigador les imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de:
Interés indebido en la celebración de contratos.
Falsedad ideológica en documento público agravada.
Peculado por apropiación agravado.
Estas conductas están relacionadas, respectivamente, con posibles actuaciones irregulares en procesos de contratación pública, la inclusión de información presuntamente contraria a la verdad en documentos públicos y la posible apropiación indebida de recursos públicos.
La imputación de cargos constituye una etapa del proceso penal y no equivale a una condena. La responsabilidad de los investigados deberá establecerse ante la justicia, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
El comunicado de la Fiscalía no identifica por nombre a los tres capturados ni precisa cuál sería la conducta atribuida individualmente a cada uno.
Fiscalía prioriza investigaciones por corrupción con recursos de regalías
Las capturas hacen parte de las acciones de la Fiscalía para investigar posibles hechos de corrupción relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías.
Según el organismo, los elementos recopilados apuntarían a la posible participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en el desvío de dineros destinados a cubrir necesidades básicas de comunidades en el Tolima.
La actuación está vinculada con el trabajo de un Grupo de Tareas Especiales creado para investigar hechos de corrupción que comprometan recursos de regalías. La entidad indicó que esta estrategia también contempla investigaciones sobre otros casos relacionados con la contratación, entre ellos los vinculados con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) y el Fondo Mixto Sierra Nevada.
En el caso de Ataco, el proceso judicial permitirá avanzar en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades relacionadas con los contratos de obra e interventoría y establecer si existieron responsabilidades penales.
¿Qué sigue en el caso de Ataco?
El siguiente paso será la presentación de los tres capturados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía formulará las imputaciones anunciadas.
A partir de las audiencias y del desarrollo de la investigación se conocerán nuevos detalles sobre las actuaciones que habrían rodeado la contratación, la participación de los investigados y el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto sanitario.
Mientras avanza el proceso, uno de los principales interrogantes gira en torno a la ejecución de las 1.170 baterías sanitarias proyectadas para las zonas rurales de Ataco y al destino de los recursos asignados.
El caso pone nuevamente la atención sobre la contratación pública en municipios beneficiarios de programas de desarrollo territorial y sobre la importancia de garantizar que las inversiones financiadas con regalías se traduzcan en obras efectivas para las comunidades.
La investigación continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si se cometieron los delitos señalados y cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
