La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, enfrenta nuevamente una fuerte sanción judicial tras la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, que ordenó un arresto intramural de 15 días en el Comando de la Policía Metropolitana debido al desacato de varias órdenes judiciales.
El magistrado José Andrés Rojas, encargado del caso, indicó que Aranda no cumplió con las órdenes del Tribunal, que obligaban a gestionar la reubicación de un predio en el sector de ‘La Pista’ y la culminación del proceso constructivo en el sector de ‘El Reposo’, en Ibagué. Según la providencia, el plazo dado para responder a un requerimiento realizado el 20 de febrero de 2025 ya venció, sin que la Alcaldía hubiera proporcionado la información solicitada.
El desacato y los serios cuestionamientos a la Alcaldía:
La decisión pone de manifiesto varios problemas que han empañado la gestión jurídica de la Alcaldía. Para el Tribunal, la respuesta de la administración ha sido “ineficaz” y llena de “retórica defensiva”. En lugar de entregar información clara sobre los avances en los procesos de reubicación y construcción, el equipo jurídico de la Alcaldía ha presentado documentos como oficios, memorandos y resoluciones, que aunque “impecables en el expediente”, no han incluido detalles cruciales como cierres financieros, cronogramas operativos o anexos técnicos.
El Tribunal lamentó que la falta de información impidió valorar el grado de avance en las órdenes judiciales y frustró la finalidad de la jurisdicción, prolongando la vulneración de derechos colectivos como la seguridad, salubridad pública y un ambiente sano para las familias afectadas del sector de Hato de la Virgen.
Silencio institucional y crisis interna:
El Tribunal también señaló que el silencio institucional ante el requerimiento de información refuerza la percepción de desinterés o descoordinación por parte de la Alcaldía. Además, los documentos presentados hasta la fecha no contienen información relevante para poder desatar el incidente de desacato, lo que genera una impasse judicial que afecta directamente a la comunidad de Ibagué.
Un punto importante en este contexto es la salida de Tirso Bastidas, quien hasta hace poco fue el director Jurídico de la Alcaldía de Ibagué. Bastidas era reconocido por su capacidad para gestionar las relaciones con la rama judicial y su experiencia en la resolución de conflictos legales. Su partida ha dejado un vacío en la defensa jurídica del municipio, lo que ha permitido que los incidentes de desacato avancen sin una defensa sólida.
La respuesta de la Alcaldía:
La administración de Johana Aranda ha defendido su actuación, asegurando que ha estado trabajando con celeridad en los procesos de reubicación y que las limitaciones presupuestales son uno de los factores que han dificultado el cumplimiento total de las sentencias. Sin embargo, el creciente malestar en la comunidad y la presión por una solución definitiva a los problemas de Hato de la Virgen aumentan con cada fallo judicial en su contra.
Una gestión bajo fuego:
Este nuevo revés judicial pone en evidencia la fragilidad de la gestión jurídica de la Alcaldía de Ibagué, que enfrenta una serie de cuestionamientos internos y externos. Mientras la alcaldesa Johana Aranda evalúa cómo responder a esta nueva orden de arresto, las familias afectadas por la problemática habitacional continúan esperando una solución que parece cada vez más lejana.
