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Fiscalía ocupa bienes que harían parte del patrimonio del cantante Charlie Zaa

Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel, avaluados en más de 45.467 millones de pesos, dentro de una investigación relacionada con el extinto Bloque Tolima de las AUC.

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La Fiscalía General de la Nación informó que, por orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, fueron impuestas medidas cautelares sobre cuatro bienes que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Za, y que presuntamente tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los bienes, avaluados en más de 45.467 millones de pesos, corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en los municipios de Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

“Las medidas cautelares corresponden a una decisión de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley”, precisó la Fiscalía, al indicar que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación y el registro de las propiedades.

Según el ente investigador, durante la investigación se estableció que el entonces cabecilla del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, presuntamente habría utilizado terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.WhatsApp Image 2026 07 17 at 6.14.35 AM1

Para sustentar la solicitud de las medidas cautelares, la Fiscalía indicó que adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, procedimientos que, según el organismo, permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal investigado.

De acuerdo con la entidad, los inmuebles serán puestos en los próximos días a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas, mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía reiteró que la decisión corresponde a una medida cautelar dentro del proceso de Justicia y Paz y que aún pueden interponerse los recursos previstos por la ley.

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