La creciente crisis de seguridad que afecta a varias regiones del país llevó a mandatarios locales y departamentales a reunirse con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, para exigir medidas urgentes. En este espacio —convocado por FedeDepartamentos, FedeMunicipios, Asocapitales y Asointermedios—, los gobernadores y alcaldes denunciaron un preocupante abandono del Estado que ha puesto en riesgo no solo la vida de los dirigentes, sino también la de los funcionarios que trabajan directamente en los territorios.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue una de las voces más firmes al afirmar que “nos sentimos solos en el territorio” y que “la respuesta institucional ha sido decirnos que no salgamos, que nos quedemos en la capital, cuando nuestra labor es estar cerca de la ciudadanía, gobernando desde el terreno”. Matiz aseguró que el país enfrenta un retroceso de dos décadas en materia de seguridad y advirtió que “gobernar no puede convertirse en una sentencia de muerte”.
Ante este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció la gravedad de la situación y expresó su respaldo a los mandatarios. “Levantamos nuestra voz junto a ustedes”, afirmó, asegurando que desde la Defensoría se solicitará una reunión urgente con los ministros de Defensa e Interior, el alto comisionado para la Paz y la directora del Departamento Nacional de Planeación. El objetivo: coordinar una respuesta institucional que permita enfrentar de forma integral la crítica situación de seguridad que viven muchas regiones del país.
Marín también anunció que la Defensoría requerirá a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revise y refuerce las medidas de seguridad de alcaldes y gobernadores que no pueden movilizarse con libertad en sus propios territorios. “Hay mandatarios que están completamente inmovilizados, sin garantías para ejercer su función. Es urgente una revisión caso por caso”, señaló.
La defensora destacó que este encuentro no será un hecho aislado, y que la Defensoría del Pueblo continuará trabajando de manera conjunta con las agremiaciones territoriales para garantizar la protección de los derechos fundamentales. “Nuestro compromiso es claro: acompañar a los territorios, visibilizar su clamor y exigirle al Estado que actúe”, concluyó.
Este llamado conjunto entre gobernadores, alcaldes y la Defensoría del Pueblo busca poner en evidencia una crisis que ya no se puede seguir ignorando: la del derecho a gobernar en condiciones de seguridad y dignidad en todos los rincones del país.
