La situación jurídica del senador tolimense Miguel Ángel Barreto Castillo tiene un nuevo capítulo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso varias medidas no privativas de la libertad dentro de la investigación que se adelanta por el denominado caso ‘Marionetas 2.0’.
Aunque el congresista continuará en libertad mientras avanza el proceso, deberá someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica suministrado por el Inpec, conocido comúnmente como brazalete electrónico.
La decisión también contempla el pago de una caución por $40 millones y la prohibición de establecer contacto con los testigos vinculados a la investigación.
Barreto es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.
- ¿Qué investiga la Corte?
El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en contratación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y de Proyecta, en el marco de la investigación conocida como ‘Marionetas 2.0’.
Según la información conocida sobre el expediente, las autoridades investigan presuntas maniobras encaminadas a direccionar contratos para favorecer intereses relacionados con integrantes del Congreso, entre ellos el senador Barreto.
La imposición de estas medidas no representa una condena ni determina su culpabilidad. El congresista mantiene la presunción de inocencia mientras la Corte Suprema continúa con el proceso y adopta las decisiones que correspondan.
Sin embargo, la determinación de imponer vigilancia electrónica, caución y restricciones de contacto representa un endurecimiento de las condiciones bajo las cuales Barreto deberá afrontar la investigación.
El proceso cobra especial relevancia política en el Tolima, donde Miguel Ángel Barreto ha sido una de las principales figuras del Partido Conservador y ha mantenido una importante presencia electoral durante los últimos años.
Por ahora, el senador seguirá en libertad, pero bajo vigilancia electrónica, mientras continúa avanzando ante la Corte Suprema de Justicia uno de los procesos judiciales de mayor impacto para la política tolimense.
