Una resolución que confirma lo que tanto se temía
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le puso punto final a una larga espera de los usuarios del gas domiciliario en Ibagué y otras regiones: la empresa Alcanos deberá devolver el dinero que cobró de más entre los años 2020 y 2023.
El fallo, según el ente regulador, responde a múltiples denuncias que daban cuenta de tarifas desproporcionadas y sin una explicación técnica suficiente.
¿Cómo se devolverá el dinero?
La devolución no será en efectivo, sino a través de descuentos automáticos en las próximas facturas. Esta medida aplicará para los usuarios que actualmente están activos con la empresa.
Para quienes ya no tienen contrato con Alcanos, se contempla una alternativa de reembolso directo, aunque no se han precisado fechas ni canales claros para hacer efectivo este proceso.
“El gas en Ibagué pasó de ser un servicio público a un lujo”
La Alianza Informativa del Canal PYC Televisión y La Voz del Tolima entrevistó al exconcejal y líder comunitario Pedro Antonio Mora, quien ha seguido de cerca este caso desde sus inicios.
“No es solo una cifra en la factura, es el reflejo de una política de abuso sistemático. Aquí se olvidaron de que el gas es un derecho básico, no un artículo de lujo”, dijo Mora.
“Volvimos a cocinar con leña”
La denuncia va más allá de las tarifas: alcanza el impacto social en los hogares más vulnerables.
“Muchísimas familias humildes en barrios como Las Delicias, Ciudadela Simón Bolívar o San José han tenido que volver a la leña. Cocinar con gas se volvió insostenible”, relató.
El testimonio del exconcejal pone rostro humano al fallo técnico de la Superintendencia.
Tarifas sin lógica y sin transparencia
Mora también señaló que, durante años, la empresa ha justificado los altos precios con razones cambiantes:
“Un mes decían que el gas venía de Cusiana, otro que desde Huila, luego que dependía del precio del dólar. Nunca hubo claridad real. Y mientras tanto, las facturas subían y subían”.
Llamado a los ciudadanos: quejarse sí funciona
Para el exconcejal, el fallo es un logro de la ciudadanía organizada:
“A quienes interpusieron quejas, a quienes documentaron los cobros abusivos, gracias. Esto demuestra que sí vale la pena alzar la voz. Pero ahora necesitamos que haya vigilancia para que no vuelva a pasar”.
¿Y ahora qué sigue?
Aunque la Superintendencia ordenó la devolución, la vigilancia sobre el cumplimiento será clave.
Pedro Antonio Mora insiste en que la Alcaldía de Ibagué, la Personería y la Contraloría deben ejercer control local y acompañar a los usuarios.
“No podemos confiar solamente en lo que diga la empresa. Hay que hacer seguimiento real, con veeduría ciudadana”.
Conclusión: un fallo importante, pero no suficiente
La decisión de la Superintendencia marca un precedente, pero no repara por completo los efectos del abuso tarifario. Las dudas sobre el mecanismo de devolución, la falta de claridad técnica y la ausencia de control local aún dejan un vacío que preocupa.
Y mientras tanto, en muchas cocinas del sur de Ibagué, la estufa a leña sigue siendo la única opción frente a un servicio público que olvidó su razón de ser.
