Durante un nuevo debate en el Concejo —parte de la serie de controles políticos impulsados por ella— Varón expuso cifras, contratos, decisiones administrativas y fallas de planeación que, según dijo, están generando un detrimento patrimonial y afectando directamente el bolsillo de los ibaguereños.
Contrato de $3.000 millones para luminarias: sin ítem de mantenimiento y con garantía vigente hasta 2029
El primer hallazgo revelado por Varón se centra en un contrato por más de $3.000 millones para el cambio de luminarias LED en la ciudad.
Según la concejal, el proyecto fue tan mal planeado que no incluyó un ítem de mantenimiento, lo que terminó disparando los costos:
> “Pasamos de pagar $800 millones por mantenimiento a casi $3.000 millones. Estamos pagando cuatro veces más porque el proyecto nació mal hecho.”
Pero lo más grave surgió al revisar el contrato 114: las luminarias instaladas aún están en garantía hasta 2029.
Pese a eso, Infibagué está cambiando luminarias que legalmente aún deben ser cubiertas por el proveedor, lo que para la concejal representa un posible detrimento:
> “Hoy le digo a los entes de control: esto es un detrimento patrimonial. Las luminarias están en garantía, pero el municipio las está cambiando con plata pública.”
Varón asegura que este hecho no puede explicarse ni justificarse, especialmente porque el funcionario que fue supervisor del contrato sigue trabajando en el instituto:
> “¿Cómo no se alertó que las luminarias no podían cambiarse todavía? ¿Quién responde por esto?”
El supuesto ahorro del 50% que no aparece en la factura
Infibagué sostiene que el cambio de luminarias de sodio a LED genera un ahorro del 50% en consumo energético.
Sin embargo, luego de estudiar las cifras aportadas por el mismo instituto, Varón concluyó que ese ahorro no se traduce en ningún beneficio real para la ciudadanía.
Esto, porque el sistema de cobro del alumbrado público en Ibagué funciona así:
80% aforado (se cobra sin medición, por sectores).
20% medido.
Por lo tanto, aun si hay ahorro energético, la tarifa que paga la comunidad no cambia.
> “La gente no sabe cómo le están cobrando el alumbrado público. Revisamos con el equipo de trabajo y ese 50% no se ve reflejado en ninguna factura.”
Por este motivo, la concejal pidió una mesa de trabajo tripartita (Celsia–Infibagué–Secretaría de Hacienda) y llamó al Concejo a asumir su responsabilidad en la revisión tarifaria:
> “Desde el Concejo podemos revisar proyectos de acuerdo para corregir estas distorsiones. No podemos seguir callados frente a una tarifa que no le devuelve nada a la ciudadanía.”
El censo de luminarias de $2.000 millones: una empresa que solo prestó el nombre
Otro de los temas denunciados fue el contrato por $2.000 millones para realizar el censo de luminarias de la ciudad.
La empresa Celsa SAS fue la adjudicataria, pero Varón aseguró haber encontrado que esta compañía subcontrató todo el servicio:
Celsa retuvo $200 millones solo por prestar el nombre.
El subcontratista ejecutó la labor por $1.800 millones.
Además, el contrato acumula prórrogas y está cerca de vencerse sin resultados claros:
> “Esto empezó el año pasado, tiene varias prórrogas y ya estamos cerrando el año. ¿Cómo van a proyectar tarifas o decisiones para 2025 con un estudio que llega tarde y no está completo?”
Varón advierte que este retraso compromete la planeación del alumbrado público para el próximo año, porque cualquier proceso que dependa de ese diagnóstico nacerá desactualizado.
Los créditos, los CDT y las destinaciones que no cuadran
La concejal también recordó que Infibagué obtuvo un empréstito cercano a los $20 mil millones con destinación específica para proyectos.
Pero, revisando los documentos, encontró que:
Parte del dinero fue invertido en un CDT en Davivienda, al 15,5% por 90 días.
Ese mismo año Infibagué pagó casi $600 millones en intereses del crédito, perdiendo más de lo que supuestamente ganó.
Recursos del empréstito habrían sido desviados al mantenimiento del Panóptico y a un préstamo para Ibagué Limpia, sin corresponder a la destinación original.
> “Si la plata tenía destinación específica, ¿por qué terminó moviéndose hacia otras cosas? ¿Quién autorizó eso?”
La concejal aclaró que estos hechos ocurrieron en la gerencia de Felipe La Rota, no en la actual, pero sostiene que todas las administraciones deben responder por los manejos del instituto.
Los entes de control: invitados, pero ausentes
Uno de los puntos más fuertes del debate fue la ausencia de la Contraloría Municipal y la Personería, entidades a las que la concejal invitó formalmente al control político:
> “Enviamos la invitación desde el lunes festivo y brillaron por la ausencia. Saben que cuando debatimos estos temas salen cosas que afectan el bolsillo de los ibaguereños.”
Varón anunció que compulsará nuevas copias y que exigirá respuestas formales sobre cada uno de los casos expuestos.
“No podemos permitir que en Ibagué sigan pasando estas cosas”
Al cerrar su intervención, Sandra Varón fue contundente:
> “Ibagué está decepcionada. Estas cosas no pueden seguir pasando. Seguiremos denunciando lo que afecte el patrimonio y el bolsillo de la gente.”
La concejal anunció próximos debates de control político y nuevas solicitudes de información para profundizar las investigaciones.
Vídeo en:
