En julio de 2024, 44 familias pertenecientes a la Asociación de Desplazados del Tolima recibieron un terreno en Mariquita de 566 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Desde ese entonces, se ha convertido en un dolor de cabeza, así lo da a conocer Zulma Rubio, quien menciona que, incluso, no han podido volver al terreno porque los encargados les exigen dineros. En este caso, se trataría de la representante legal, Martha Janeth Sánchez.
Destacan que las autoridades adelantan los procesos de investigación, pero que se están viendo muy afectados, como lo dice Carmen Morales, quien también está afectada, pues es de bajos recursos y ahora le dicen que no es parte de los beneficiarios de los terrenos.
Otro de los denunciantes menciona que, incluso, la representante legal les pidió 900 mil pesos para ingresar al programa y que, a quienes ya son parte de la asociación, les ha tocado pagar 100 mil pesos mensuales por un terreno que les dio el Gobierno por ser víctimas del conflicto armado.
En este caso, concluyen que la Agencia Nacional de Tierras debe tomar cartas en el asunto y culminar el proceso de entrega, no a la asociación, sino directamente a las familias afectadas.
