¿Está la institucionalidad auspiciando la minería ilegal? Es decir, ¿el Estado colombiano ha sido cómplice de la devastación de 118 mil hectáreas en 15 departamentos y de la tragedia escrita a sangre y fuego para extraer el oro a manos de grupos armados ilegales que dejan a su paso historias de muertes, dolor, desarraigo o de municipios enteros “secuestrados”, como lo denunció el senador Miguel Ángel Barreto al referirse a la actual situación de Ataco y otros municipios del sur del Tolima durante su intervención en el debate de control político sobre minería ilegal en la Comisión Quinta del Senado?
Y aunque sabemos que el “debate”, en su verdadera esencia, no es más que una disputa en donde las partes no buscan la verdad, sino la defensa de sus propias tesis, es justo reconocer que este tipo de discusiones hacen parte de la dinámica política parlamentaria.
Eso sí, quedó muy claro que la minería ilegal es un problema estructural, aunque no por ello novedoso y menos desconocido, pues en nuestro país, como dice Alberto Casas en su libro Memorias de un pesimista, solo la sangre supera la cantidad de tinta que se ha usado para analizar el fenómeno de la violencia y echarle la culpa a la contraparte. Nada diferente a lo expuesto en el debate del pasado martes 10 de noviembre, en donde la gobernadora Adriana Magali Matiz, representantes del Gobierno nacional y parlamentarios afines al Ejecutivo actual se limitaron a señalar y reafirmar las tesis sobre quién es el culpable de la desbordada minería ilegal y del recrudecimiento de la violencia en el sur. La oposición, es decir la contraparte, representada por los congresistas de origen tolimenses como Marco Emilio Hincapié y Renzo García, acudiendo también a la dialéctica, hicieron lo propio en defensa de sus posturas, denunciando la falta de acciones y el abandono estatal.
Pero al final, pareciera que la historia es la misma del famoso SÍ o NO, que nos acompaña desde la batalla de los federalistas vs. centralistas de Antonio Nariño y Camilo Torres, que dejó más de 600 muertos. E igual sucedió durante la guerra bipartidista de 1930, o la más reciente disputa en el plebiscito de 2016 durante el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Es decir, nada diferente a llevar el problema a la polarización y, en ese camino, convertirlo en una narrativa netamente política.
Al final, cada quien, con su verdad, mientras que en la realidad casi todo está muy mal: Los grupos criminales operando, la gente desprotegida y temerosa y para colmo, los políticos preparando sus discursos y narrativas para convencer a los electores de las próximas elecciones regionales que son ellos ahora sí los redentores, pese a que llevan años gobernando. A propósito, es también claro que la minería ilegal no es del resorte de gobernadores, menos de alcaldes; este, como problema estructural, depende sí o sí de la institucionalidad, esa que el senador cuestiona si es cómplice y tiene la obligación bajo la articulación del Gobierno nacional de adoptar medidas eficaces y transversales como por ejemplo, comenzar por cambiar el Código Minero, pero, por favor, no coman cuento, ningún gobernador, alcalde o parlamentario tiene la solución en sus manos, eso es simplemente dialéctica natural de la que habló Aristóteles y que no es más que un “don” que algunos políticos poseen y hábilmente lo usan solamente para enredar incautos y ganar elecciones.
PDTA. A propósito, la evasión en impuestos de la minería ilegal se calcula en más de cinco billones de pesos. Ahí están parte de los recursos que el Gobierno necesita en vez de estar gravando la canasta familiar.
